La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó formalmente bajo la órbita de la Provincia de Buenos Aires luego de que el gobierno de Axel Kicillof reconociera el cambio de domicilio de la entidad a Pilar. La medida desplazó a la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Nación de cualquier competencia directa y transformó un trámite administrativo en un nuevo capítulo de la pelea política entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense.
El movimiento fue tan rápido como estratégico. Mientras desde el organismo nacional avanzaban con pedidos para auditar los estados contables de la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia, en territorio bonaerense se oficializaba la radicación aprobada por la asamblea de la AFA el 17 de octubre. Con ese acto administrativo, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas asumió el control y dejó sin efecto práctico la ofensiva nacional.
El dato que encendió la polémica es el domicilio declarado: Mercedes 1366, en el partido de Pilar. Inspectores nacionales habían realizado una constatación en el lugar y describieron el sitio como un terreno sin oficinas visibles ni estructura administrativa. A pesar de ese informe, la Provincia consideró válida la decisión asamblearia y dio curso al cambio.
Desde la administración bonaerense sostienen que la voluntad institucional de la entidad es suficiente para formalizar el traslado y que la competencia pasa a ser estrictamente provincial. Bajo ese criterio, la fiscalización contable y societaria quedará en manos de organismos locales, incluyendo la supervisión sobre balances, autoridades y movimientos formales.
En paralelo, la IGJ había anunciado la intención de designar veedores para revisar documentación que —según argumentaron— no fue presentada en tiempo y forma. La medida fue presentada como un mecanismo de control y no como una intervención. Sin embargo, con el nuevo encuadre jurídico, la AFA respondió que el organismo nacional carece ahora de jurisdicción para avanzar en ese sentido.
El trasfondo excede ampliamente lo administrativo. La disputa se inscribe en la relación tirante entre el presidente Javier Milei y Axel Kicillof, que vienen acumulando diferencias en distintos frentes políticos y económicos. En este caso, el foco está puesto en una institución que maneja recursos millonarios, derechos comerciales y un capital simbólico enorme dentro de la sociedad argentina.
El fútbol argentino no es solo competencia deportiva: es estructura empresarial, negocios internacionales y representación institucional ante la FIFA y la Conmebol. La AFA concentra contratos de televisación, patrocinios, transferencias y organización de torneos que generan cifras de alto impacto. De allí que cualquier discusión sobre su control despierte interés político.
Para el Gobierno nacional, el eje está en la transparencia y en la obligación de las asociaciones civiles de rendir cuentas. En la Provincia, en cambio, remarcan la autonomía federal y la potestad de cada jurisdicción para fiscalizar a las entidades que fijan allí su domicilio legal. En esa tensión se inscribe el reconocimiento del traslado.
La simultaneidad de los anuncios dejó poco margen para la casualidad. Menos de dos horas separaron el comunicado nacional sobre la auditoría y la resolución provincial que consolidó el cambio. El mensaje político fue claro: la Provincia tomó posición en la disputa y blindó institucionalmente a la conducción actual.
En términos prácticos, la decisión implica que cualquier presentación formal vinculada a balances, designación de autoridades o reformas estatutarias deberá tramitarse ante la autoridad bonaerense. La IGJ, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, ya no tendría competencia directa mientras se mantenga el domicilio en Pilar.
La discusión sobre la sede declarada agrega un condimento extra. El hecho de que el lugar constatado no exhiba actividad visible abrió interrogantes sobre la operatividad real del domicilio. No obstante, desde la órbita provincial sostienen que la sede social puede diferir del lugar donde se desarrollan tareas administrativas cotidianas, como ocurre con muchas asociaciones.
En el mundo del fútbol, la movida fue leída como un respaldo político explícito a Tapia, quien conduce la AFA desde 2017 y consolidó su poder tras la obtención del Mundial de Qatar 2022. La relación entre la dirigencia futbolística y los distintos niveles del Estado siempre fue delicada, pero pocas veces alcanzó este nivel de exposición pública.
La pulseada también se inscribe en el debate más amplio sobre el rol del Estado en las asociaciones civiles y deportivas. Mientras algunos sectores plantean la necesidad de controles estrictos, otros reivindican la autonomía institucional y el respeto por las decisiones internas adoptadas en asamblea.
Por ahora, el cambio de domicilio quedó firme y la AFA continúa operando con normalidad en su predio deportivo de Ezeiza y en sus estructuras administrativas habituales. La diferencia es jurídica y política: la supervisión formal ya no dependerá de un organismo nacional sino de uno provincial.
Habrá que ver si la Nación decide judicializar la cuestión o si la controversia queda encapsulada en el terreno político. Lo cierto es que el conflicto por el control de la AFA sumó un nuevo capítulo y volvió a demostrar que, en Argentina, el fútbol y la política rara vez juegan en canchas separadas.
En medio de un escenario económico complejo y con múltiples frentes abiertos, la disputa por la fiscalización del fútbol argentino se convirtió en una señal más de la confrontación entre distintos niveles de gobierno. Y aunque el eje formal sea un domicilio en Pilar, lo que está en juego es mucho más que una dirección postal: es el poder de supervisar una de las instituciones más influyentes del país.
