Una investigación judicial que avanza en el fuero federal volvió a poner bajo la lupa prácticas irregulares en vuelos privados y encendió alertas por el aparente incumplimiento de la normativa aeronáutica vigente en la Argentina. En el centro de la causa aparecen los testimonios de dos pilotos del helicóptero Bell 429 GlobalRanger, matrícula LV-FKY, cuyas declaraciones ante el juez Marcelo Aguinsky estuvieron marcadas por contradicciones, falta de precisión y una llamativa ausencia de registros sobre los pasajeros transportados.
Las inconsistencias surgieron durante las exposiciones de Guillermo Muller y Eduardo Billordo, ambos vinculados a la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA”, conocida comercialmente como Flyzar. Lejos de aportar claridad, sus dichos abrieron nuevos interrogantes sobre la operatoria de los vuelos, la identificación de pasajeros y el rol de los organismos de control, en particular la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Uno de los puntos que más llamó la atención fue la imposibilidad, o negativa, de los pilotos para identificar a las personas que viajaron en la aeronave. Muller aseguró que siempre transportó pasajeros, pero al ser consultado por el magistrado sobre la ausencia de nombres en los manifiestos de vuelo, incurrió en una afirmación contradictoria al sostener que, si no figuraban pasajeros, era porque no los había. Ante la repregunta, agregó que, en todo caso, no recordaba quiénes eran. La explicación dejó en evidencia una contradicción difícil de justificar desde el punto de vista operativo y legal.
En la misma línea se expresó Billordo, quien comenzó a trabajar en la firma en julio de 2025. El piloto sostuvo que siempre llevó pasajeros, pero que nunca conoció sus datos personales. Incluso afirmó que no podría reconocerlos si los cruzara en la calle, una declaración que profundizó las dudas sobre los mecanismos de control interno de la empresa y el cumplimiento de las normas básicas de seguridad aérea.
Ambos pilotos coincidieron en argumentar que la empresa manejaba un supuesto esquema de confidencialidad, según el cual a los comandantes de vuelo solo se les informaba la fecha y hora del servicio, sin detallar quiénes serían transportados. Esta explicación generó aún más cuestionamientos, especialmente al analizarse a la luz de la normativa vigente que regula el transporte aéreo, incluso en vuelos privados o ejecutivos.
Otro punto central de las declaraciones fue la falta de registro de pasajeros en los manifiestos de vuelo. Los pilotos señalaron que solo se consignan los datos cuando el vuelo parte de aeropuertos con control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Sin embargo, uno de los aeropuertos mencionados con mayor frecuencia, San Fernando, cuenta con presencia permanente de la PSA, lo que vuelve endeble el argumento expuesto.
La situación se tornó aún más confusa cuando Billordo intentó justificar la ausencia de pasajeros declarados en vuelos que partieron desde San Fernando con destino al helipuerto identificado como “Neurus” (HNE), en la localidad bonaerense de Villa Rosa, Pilar. En ese caso, sostuvo que se trató de vuelos de entrenamiento, una explicación que no terminó de convencer al magistrado ni a las fuentes aeronáuticas consultadas en el marco de la causa.
Entre los vuelos analizados figura uno en particular que despertó especial interés judicial. Se trata de un trayecto realizado el 26 de septiembre de 2025, desde el helipuerto “Neurus” hasta el restaurante “El Mangrullo” y regreso, con una duración total de menos de una hora. El establecimiento gastronómico se encuentra a pocos minutos del predio “Lionel Messi” de Ezeiza, un lugar habitualmente vinculado a reuniones de dirigentes del fútbol argentino.
Lo llamativo es que, frente a este vuelo concreto, ninguno de los pilotos pudo recordar si transportaron pasajeros ni quiénes habrían sido. La falta de memoria sobre un viaje tan específico reforzó las sospechas del juez Aguinsky sobre la veracidad de los testimonios y la posible existencia de irregularidades sistemáticas.
El Mangrullo, un restaurante emblemático ubicado sobre la autopista Riccheri y con helipuerto propio, también quedó bajo el radar judicial. Sus propietarios, Alejandro Granados y su esposa, aparecen vinculados al entramado de relaciones que la investigación intenta desentrañar, en un contexto donde se cruzan nombres del ámbito político, empresarial y del fútbol.
