El Gobierno nacional oficializó los acuerdos con dos grupos de acreedores y puso fin a nuevos litigios vinculados a la deuda argentina en default. La resolución implica un desembolso total de u$s 171 millones para cerrar causas que permanecían abiertas ante la Justicia de Nueva York.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 564/2026, que promulgó la Ley 27.818 aprobada por el Congreso el pasado 24 de junio. La norma avala los convenios de conciliación alcanzados con Bainbridge y el grupo encabezado por Attestor, dos acreedores que mantenían reclamos por bonos que no ingresaron a los canjes de deuda soberana.
Uno de los acuerdos contempla un pago de u$s 67 millones a Bainbridge Ltd. para finalizar el expediente iniciado contra la Argentina ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El segundo convenio, con el grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP, establece un desembolso de u$s 104 millones.
Además, en este último caso se reconoce un monto asegurado de u$s 96 millones más los rendimientos correspondientes por activos vinculados a bonos Brady que habían quedado involucrados en la disputa judicial.
Como parte del entendimiento, los acreedores deberán entregar los títulos incluidos en sus reclamos para que sean cancelados una vez completados los pagos. De esta manera, el Estado argentino busca cerrar definitivamente procesos que se extendieron durante años y que formaban parte de los conflictos derivados del default de 2001.
Los fondos para cumplir con estos compromisos saldrán de la partida destinada al Servicio de la Deuda Pública, según lo establecido por la nueva normativa. El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli.
Los reclamos resueltos corresponden a tenedores de bonos que no participaron de las reestructuraciones de deuda realizadas por Argentina luego de la crisis económica de comienzos de siglo. Con el paso del tiempo, esos acreedores iniciaron acciones legales en tribunales estadounidenses y obtuvieron fallos favorables.
El cierre de estos acuerdos representa otro avance en la regularización de obligaciones pendientes relacionadas con la deuda soberana argentina. La administración nacional busca reducir los frentes judiciales abiertos y mejorar las condiciones para una futura vinculación del país con los mercados financieros internacionales.
La disputa con los llamados “holdouts” fue uno de los capítulos más prolongados de la historia económica reciente de Argentina. Durante más de una década, distintos fondos reclamaron pagos vinculados a bonos que quedaron fuera de los canjes oficiales, generando una serie de fallos y negociaciones internacionales.
Con estos nuevos acuerdos, el Gobierno da por terminados dos reclamos específicos y avanza en el cierre de causas heredadas que todavía representaban compromisos legales para el Estado.
