el fallo de la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York expone de manera cruda las nefastas consecuencias de la estatización de YPF impulsada por Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en 2012. La orden de entregar el 51% de las acciones de la petrolera como reparación a los fondos Burford Capital y Eton Park, sumada a la condena previa de más de USD 16.000 millones, refleja una gestión económica desastrosa que sigue lastrando a Argentina.La decisión de expropiar las acciones de Repsol sin respetar mecanismos legales ni contractuales, como la oferta pública de adquisición (OPA) exigida por ley, fue un acto de improvisación y soberbia que ignoró el derecho internacional. Kicillof, entonces ministro de Economía, y Cristina, como presidenta, priorizaron una jugada política sobre la estabilidad económica, dejando al país vulnerable a juicios millonarios. El argumento de Kicillof en el Congreso de que "no importaba el costo" hoy se traduce en una factura exorbitante que compromete el control estatal de YPF y agrava la deuda externa.Este fallo no solo implica una pérdida patrimonial histórica, sino que debilita la capacidad de Argentina para gestionar un recurso estratégico como el energético. La falta de planificación y consulta jurídica internacional ha convertido un supuesto acto de "soberanía" en una cesión forzada a acreedores extranjeros. La herencia kirchnerista sigue siendo un lastre económico, con los argentinos pagando el precio de decisiones ideológicas mal ejecutadas. Este caso es un recordatorio ineludible: la irresponsabilidad política tiene un costo que trasciende generaciones.
