El Gobierno nacional presentará un nuevo pedido ante la Justicia de los Estados Unidos para suspender la orden que exige la entrega de correos electrónicos y mensajes de los exministros Luis Caputo y Sergio Massa, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La solicitud se realizará ante la jueza federal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, quien había fijado el 30 de octubre como fecha límite para cumplir con la medida.
La decisión forma parte de la estrategia legal de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Santiago Castro Videla, que intenta frenar el avance del proceso conocido como discovery, mediante el cual los demandantes buscan acceder a comunicaciones internas del Gobierno argentino. El Ejecutivo pretende que la orden quede en pausa hasta que la Corte de Apelaciones estadounidense se pronuncie sobre los detalles del recurso ya presentado.
La disputa judicial, que lleva varios años, enfrenta al Estado argentino con los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclaman el pago de una indemnización por la nacionalización de YPF en 2012. En septiembre pasado, la Procuración presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para impedir que se ejecute la medida dictada por Preska, pero la magistrada insistió en su cumplimiento durante una audiencia mantenida el último viernes con representantes de ambas partes.
Un fallo con fuertes consecuencias económicas
Preska recordó que, si el Gobierno argentino no entrega la información solicitada, podrían aplicarse sanciones severas, entre ellas inferencias adversas o medidas de desacato, lo que podría complicar aún más la posición del país en la causa. La jueza advirtió además que la falta de colaboración podría interpretarse como una maniobra para ocultar pruebas.
El juicio por YPF mantiene en vilo al equipo económico y jurídico del Gobierno, ya que el país enfrenta una sentencia por más de US$16.100 millones a favor de los fondos demandantes. Además, los acreedores cuentan con una autorización judicial para intentar cobrar parte de esa suma con acciones de la petrolera, un escenario que la Casa Rosada busca evitar a toda costa.
