En un contexto donde Argentina busca dejar atrás años de estancamiento económico, el diputado nacional Julio Moreno pone el acento en lo que llama una "modernización laboral" esencial para el país.
Según su visión, este paso forma parte de un plan más amplio del gobierno de Javier Milei que ya dio frutos, como el superávit fiscal por dos años seguidos sin caer en default, una inflación que bajó de diaria a mensual y una caída en los niveles de pobreza. Además, destaca el ingreso de inversiones gracias al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), algo que podría replicarse en provincias del norte como Salta, donde la economía depende en gran medida de sectores como el turismo y la minería.
Moreno explica que, tras ordenar las cuentas públicas, el foco ahora está en el orden público y en achicar el Estado, pero las reformas estructurales son prioritarias. Entre ellas, menciona la modernización laboral, una ley de inocencia fiscal, un presupuesto con reglas claras y cambios en el Código Penal. Para él, es fundamental actualizar normas que datan de los '70, porque el mundo del trabajo cambió rotundamente. "Hoy hay laburos digitales, apps de delivery y modalidades que no entraban en esas leyes viejas", remarca, y esto resuena en Salta, donde muchos jóvenes dependen de plataformas como Uber o Rappi para ganarse el mango sin cobertura formal.
El legislador insiste en que no es una "reforma laboral" al uso, sino una modernización que ataca de raíz la informalidad, un problema que afecta a casi la mitad de los trabajadores argentinos. "Hace más de una década que el empleo privado no crece, y eso es por leyes que espantan a los que quieren contratar en blanco", sostiene. En provincias como Salta, con altos índices de economía informal en el campo y el comercio, esta actualización podría ser un game changer, fomentando la creación de puestos estables y reduciendo la precariedad que tanto se ve en los barrios periféricos.
Crítico con los sindicatos y gestiones pasadas, Moreno cuestiona qué se hizo por los informales en todos estos años. "Se recaudaba sobre el formal, pero el fondo del asunto seguía igual", dice. Esta mirada apunta a un sistema que, en su opinión, priorizó intereses gremiales por sobre el bien común, dejando a millones sin protección. En el norte argentino, como en Salta, donde los sindicatos tienen peso en industrias como el azúcar o el tabaco, este debate podría generar tensiones, pero también oportunidades para un modelo más inclusivo.
El diputado liga directamente esta modernización con el boom de inversiones que el país necesita. Los inversores no solo miran impuestos y cargas, sino la estabilidad en las relaciones laborales. "Hay que terminar con la industria del juicio, porque una pyme no aguanta tanta litigiosidad", advierte. Para Salta, que compite con provincias vecinas por atraer empresas mineras o turísticas, esto significa mayor previsibilidad y menos burocracia, lo que podría traducirse en más laburos y desarrollo local.
Por último, Moreno anticipa un panorama de competencia entre provincias, con devolución de facultades impositivas que obligará a cada una a adaptarse para captar capitales. "Va a haber una pelea sana por inversiones, y más de una provincia va a tener que ponerse las pilas", concluye. En Salta, con su potencial en energías renovables y agroindustria, esta dinámica podría posicionarla como un polo atractivo, siempre y cuando se alinee con estas reformas nacionales para no quedar rezagada en el nuevo mapa económico argentino.
