Salta dejó de recibir $47.000 millones en concepto de coparticipación nacional durante el primer cuatrimestre del año, una cifra que expone con crudeza el impacto de la retracción económica sobre las cuentas públicas.
El dato fue confirmado por el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, quien describió cómo golpea la caída del consumo (y, en consecuencia, de impuestos como el IVA y los Ingresos Brutos) a la arcas provinciales y, en un efecto cadena y de peor manera, a los municipios.
El funcionario explicó que el deterioro es aún más profundo si se amplía la comparación: si la actividad económica se hubiera mantenido en niveles de 2023, Salta dispondría hoy de alrededor de $500.000 millones adicionales. "Es un número enorme", resumió en Radio Salta.
A pesar de este escenario, el ministro sostuvo que la provincia mantiene el equilibrio fiscal desde hace más de seis años, apoyada en una administración basada en la previsión y el control permanente del gasto. En esa línea, llevó tranquilidad al confirmar que los salarios de los estatales locales están garantizados y que el medio aguinaldo será depositado el próximo 16 de junio, con fondos ya previstos.
Bajo presión
El foco de preocupación está puesto en los municipios, donde el impacto de la caída de ingresos es más inmediato. Frente a esta situación, Dib Ashur contó que el Gobierno provincial acordó con el Foro de Intendentes establecer un mecanismo de contención que fija a febrero como piso de coparticipación, de modo que ninguna comuna reciba menos recursos que en ese mes.
Remarcó que, además de sostener las transferencias, la Provincia avanzará con acciones complementarias para apuntalar la actividad económica en el interior, incluyendo obras y programas que permitan a los municipios mantener el empleo y asistir a sus comunidades.
Consultado sobre cómo se compensa la caída de recursos, el ministro explicó que la provincia debió reordenar prioridades, especialmente en obra pública, tras la paralización de proyectos financiados por Nación.
Entre ellos, mencionó las 2.000 viviendas sociales que debía concluir Nación, pero quedaron inconclusas y debieron ser atendidas con fondos provinciales.
"Si la provincia no nos ayuda, no podríamos pagar sueldos ni el medio aguinaldo en los municipios".
En paralelo, indicó que se busca sostener el nivel de inversión mediante financiamiento internacional, con gestiones activas ante organismos como el BID, el Banco Mundial, Fonplata y la CAF. También destacó el proceso de desendeudamiento, que permitió reducir el stock de deuda pública en 444 millones de dólares desde 2019.
En cuanto a las perspectivas, consideró que el segundo semestre podría mostrar una leve mejora respecto del actual, aunque sin un repunte significativo. Señaló algunos factores positivos vinculados al frente externo y a sectores dinámicos como la energía, pero advirtió que el consumo, la industria y la construcción siguen siendo los más afectados.
Contexto
El diagnóstico del ministro se inscribe en un contexto más amplio de deterioro de los recursos. Según datos recientes, la coparticipación provincial en Salta cayó un 23% interanual en el primer trimestre, mientras que en abril la provincia registró la mayor baja del país en transferencias automáticas, con un descenso real del 11%.
La caída en la recaudación de IVA y Ganancias, sumada al fuerte recorte de envíos discrecionales desde Nación, agrava la presión sobre las finanzas provinciales y, en particular, sobre los municipios.
Los que más reciben y los que menos
El ranking de aportes a municipios, según lo previsto por el Presupuesto 2026, está encabezado por Salta, con $106.963.608.143, seguida por Orán con $18.650.845.792, Tartagal con $18.081.624.373, Metán con $11.441.261.307 y Rosario de la Frontera con $10.871.673.561. En el otro extremo, los menores montos corresponden a Aguas Blancas ($639.278.804), Los Toldos ($1.104.107.697) y General Pizarro ($1.594.374.198).
