La Justicia española decidió llevar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ordenó una serie de medidas cautelares mientras continúa el proceso. Entre ellas se encuentran la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado.
La resolución fue adoptada por el juez encargado de la investigación, quien abrió juicio oral por una causa que analiza presuntas irregularidades vinculadas a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y a la denominada Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC).
Las medidas estarán vigentes hasta que exista una resolución definitiva en el expediente judicial. Además, alcanzan también a Cristina Álvarez, asesora vinculada a Presidencia, quien quedó incluida en la misma situación procesal.
El magistrado atribuye a Gómez posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. La investigación se centra en la gestión de proyectos relacionados con la cátedra universitaria y en la presunta utilización de vínculos institucionales para obtener apoyos y financiamiento privado.
Según la causa, tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno español, Gómez impulsó la iniciativa académica dentro de la Universidad Complutense. Los investigadores analizan si su posición pública influyó en acuerdos con empresas y entidades interesadas en participar del proyecto.
Otro de los puntos bajo análisis es el desarrollo de una plataforma tecnológica vinculada a la cátedra. La Justicia busca determinar si existió una utilización irregular de recursos universitarios o si parte de esos desarrollos fueron incorporados a intereses privados mediante registros y sociedades relacionadas con la iniciativa.
En el expediente también figura como investigado el empresario Juan Carlos Barrabés, cuya relación con el proyecto forma parte de las actuaciones judiciales. La investigación analiza contratos, vínculos empresariales y posibles beneficios derivados de las gestiones realizadas alrededor de la cátedra.
Durante la audiencia previa al juicio, las defensas solicitaron el cierre del procedimiento al considerar que los hechos investigados no constituían delitos o que algunos de ellos podían estar prescriptos. También plantearon objeciones sobre la continuidad de algunas partes dentro del proceso.
Sin embargo, el juez rechazó esos planteos y decidió avanzar hacia la instancia de juicio oral. La resolución mantiene abierta una de las causas judiciales más relevantes de la política española reciente, con impacto en el entorno del presidente del Gobierno.
El caso continuará ahora con la etapa de juicio, donde deberán analizarse las pruebas reunidas durante la investigación y las responsabilidades que puedan corresponder a cada uno de los involucrados.
