El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional para liberar las rutas bloqueadas tras más de 50 días de protestas y movilizaciones. La medida habilita la intervención de fuerzas de seguridad para garantizar el tránsito, el abastecimiento y la circulación de personas.
El anuncio fue realizado en un mensaje televisado, donde el mandatario sostuvo que los bloqueos afectaron la vida cotidiana de miles de ciudadanos y generaron graves consecuencias económicas y sociales. “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos”, afirmó al comunicar la decisión.
La disposición llega luego de semanas de conflicto protagonizado por sectores sindicales, campesinos y grupos vinculados al expresidente Evo Morales, que mantuvieron cortes en rutas estratégicas del país. Según los registros oficiales, durante el momento más crítico llegaron a contabilizarse más de un centenar de puntos bloqueados en distintos departamentos.
Paz explicó que su administración intentó avanzar por la vía del diálogo antes de aplicar la medida y aseguró que la prioridad será restablecer el normal funcionamiento de las carreteras. En ese marco, ordenó a la Policía y a las Fuerzas Armadas colaborar en la recuperación de los corredores principales y en la protección de infraestructura considerada esencial.
El conflicto dejó al menos 16 fallecidos, varios de ellos vinculados a dificultades para acceder a atención médica por las interrupciones en las rutas. Además, sectores productivos denunciaron problemas para trasladar mercadería, abastecer mercados y sostener la actividad económica.
La decisión del Gobierno boliviano se conoció luego de un acuerdo alcanzado con la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los sectores que impulsó las protestas. El entendimiento contempla mesas de trabajo y compromisos que deberán implementarse durante los próximos meses.
Sin embargo, el escenario continúa marcado por la tensión. Organizaciones campesinas y sectores cercanos a Evo Morales rechazaron el acuerdo y anunciaron que mantendrán sus reclamos contra el Ejecutivo. Entre sus principales pedidos figura la renuncia del presidente y el rechazo a las negociaciones impulsadas con otros sectores sindicales.
Desde el Gobierno indicaron que el estado de excepción no implica la suspensión de derechos constitucionales, aunque establece restricciones sobre bloqueos de caminos y acciones consideradas violentas. También se prohibió el uso de armas, explosivos y elementos que puedan poner en riesgo la seguridad pública.
El Ejecutivo busca ahora avanzar hacia la normalización del transporte y el abastecimiento interno, mientras persisten focos de conflicto en algunas regiones. La situación de Bolivia continúa bajo observación por el impacto político y económico que generó una de las crisis sociales más prolongadas de los últimos meses.
La medida también genera atención en las zonas fronterizas, donde los cortes de rutas pueden afectar el intercambio comercial y el movimiento habitual entre Bolivia y países vecinos, incluido el norte argentino.
Rodrigo Paz declaró el estado de excepción y lo comunicó vía X
