El Ejecutivo boliviano lanzó una fuerte advertencia sobre la expansión de dos de las organizaciones criminales más pesadas de Brasil en territorio nacional.
Según las autoridades, el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho no solo mantienen una presencia consolidada desde hace años, sino que ahora buscan sumar a bolivianos a sus filas. Esta situación se planteó en el marco de la justificación para prorrogar por noventa días el estado de excepción vigente en varias zonas del país.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó ante el Parlamento que estas bandas representan una amenaza seria y que el Estado trabaja para enfrentarlas con el respaldo de organismos internacionales. Entre las acciones previstas se destaca un operativo inmediato en la región amazónica de Pando, limítrofe con Brasil, donde se detectó actividad del Comando Vermelho. Allí se destinaron efectivos de élite ante el aumento de los niveles de violencia.
Las autoridades sostienen que ambas organizaciones se pelean el control de un corredor estratégico utilizado para el tráfico de estupefacientes. La tensión se sintió con fuerza en San Ignacio de Velasco, en la zona de la Chiquitania, donde se desplegaron militares y fuerzas especiales tras una ola de hechos violentos que dejó al menos cuatro personas muertas a tiros en apenas dos días.
Como parte de la respuesta bilateral, se anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá una oficina permanente en Bolivia. El objetivo es mejorar el intercambio de información y coordinar acciones concretas contra el crimen organizado que opera a ambos lados de la frontera. Paralelamente, efectivos bolivianos recibieron entrenamiento de agentes estadounidenses en tácticas de control de disturbios, en el marco de la cooperación antidrogas.
El PCC es visto como una de las estructuras criminales más poderosas de Sudamérica, con proyección en varios países de la región, especialmente Bolivia y Paraguay. El Comando Vermelho, de mayor antigüedad, funciona con una organización más descentralizada y se apoya en líderes regionales para mantener su operatoria.
Desde el gobierno boliviano aseguran que el reclutamiento de locales y la disputa por las rutas refuerzan la necesidad de mantener medidas extraordinarias y de intensificar la presencia estatal en las zonas de frontera. La situación genera preocupación no solo dentro de Bolivia, sino también en los países vecinos, donde el avance de estas bandas impacta directamente en la seguridad regional y en el flujo del narcotráfico hacia el Cono Sur.
