El gobierno de Bolivia deportó este lunes a una delegación argentina integrada por legisladores, dirigentes sindicales y referentes de organismos de derechos humanos que había viajado al país con el objetivo de relevar denuncias vinculadas a la situación social y política que atraviesa esa nación.
La comitiva arribó durante la madrugada al aeropuerto internacional de El Alto, pero, según denunciaron sus integrantes, las autoridades bolivianas les impidieron ingresar al país, retuvieron su documentación y dispusieron su traslado en otro vuelo con destino a Santa Cruz para posteriormente enviarlos de regreso a la Argentina.
Entre los integrantes de la misión se encontraban el diputado nacional Juan Marino, la legisladora porteña Vanina Biassi, la dirigente gremial Soledad Mosquera, María José Cano, integrante de la CTA Autónoma, y Alejandrina Barry, referente de derechos humanos, además de otros representantes de organizaciones sociales y políticas.
De acuerdo con los testimonios difundidos por los miembros de la delegación, la misión tenía como finalidad tomar contacto con distintos sectores de la sociedad boliviana y recopilar información sobre denuncias relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas y conflictos que se registran en ese país.
Los integrantes de la comitiva señalaron que permanecieron varias horas bajo custodia policial y denunciaron que no pudieron descender libremente del avión ni desarrollar las actividades previstas. Además, sostuvieron que fueron informados de manera inmediata sobre la decisión de expulsarlos del territorio boliviano.
La situación generó cuestionamientos por parte de sectores políticos y organizaciones sociales argentinas, que consideraron que la medida impidió el desarrollo de una misión destinada a observar y documentar denuncias vinculadas con derechos fundamentales.
En ese contexto, representantes de la delegación afirmaron que la decisión adoptada por las autoridades bolivianas buscó evitar cualquier tipo de monitoreo externo sobre los acontecimientos que se desarrollan en el país. También denunciaron que intentaron hacerles firmar documentación relacionada con los motivos de su ingreso, algo que rechazaron antes de ser obligados a abandonar el territorio.
Desde distintos espacios políticos argentinos expresaron preocupación por lo sucedido y reclamaron garantías para la integridad de los integrantes de la misión durante todo el proceso de expulsión. Asimismo, solicitaron la intervención de las autoridades consulares para acompañar a los ciudadanos argentinos afectados por la medida.
A través de un comunicado, la misión humanitaria sostuvo que había sido convocada por legisladores, organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil boliviana con el objetivo de relevar denuncias sobre represión estatal y situaciones vinculadas a la vulneración de derechos humanos.
En ese documento también cuestionaron la decisión de impedir su ingreso al país y consideraron que la expulsión representó un obstáculo para las tareas de observación que tenían previstas. Además, señalaron que la medida afectó a representantes electos que formaban parte de la delegación.
El episodio se produjo en medio de un escenario de fuerte tensión política y social en Bolivia, donde en las últimas semanas se multiplicaron las denuncias por enfrentamientos, detenciones y hechos de violencia vinculados a las protestas que se desarrollan en distintos puntos del país.
Mientras los integrantes de la misión emprendían su regreso a la Argentina, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos continuaban siguiendo de cerca la situación, a la espera de nuevas definiciones sobre un conflicto que volvió a sumar un capítulo de tensión entre las autoridades bolivianas y quienes buscan monitorear el estado de las garantías democráticas en el país vecino.
