El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el estado de excepción este martes luego de que el Congreso avanzara con una reforma clave que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en las calles. La decisión se tomó en un contexto de creciente conflictividad interna, con protestas extendidas desde hace cuatro semanas y una presión social que no cede.
El punto de inflexión fue la aprobación parlamentaria de la derogación de la Ley 1341, una normativa que hasta ahora regulaba los estados de excepción y establecía límites precisos al accionar militar en situaciones de conflicto interno. Con la votación favorable en la Cámara de Diputados, que alcanzó una mayoría de más de dos tercios, el proyecto quedó encaminado hacia su promulgación por el Poder Ejecutivo, consolidando un cambio sustancial en el esquema institucional del país.
La eliminación de esa ley modifica de manera directa el equilibrio entre el poder político y las Fuerzas Armadas, al flexibilizar los controles previos sobre su despliegue. En la práctica, el Ejecutivo gana margen de acción para intervenir en el territorio en escenarios de alta conflictividad social, algo que hasta ahora requería instancias de revisión legislativa.
Desde el ámbito parlamentario, el diputado opositor Rafael López sintetizó el nuevo escenario político al señalar que, con la reforma aprobada, la decisión queda concentrada en el presidente. Esa lectura refleja el debate interno sobre la concentración de poder y el rol del Congreso en la administración de crisis.
El trasfondo de la medida está marcado por un escenario social complejo. Las protestas, encabezadas por sindicatos mineros, organizaciones campesinas y sectores vecinales, se intensificaron en las últimas semanas en rechazo a la política económica liberal del gobierno de Rodrigo Paz. Las demandas incluyen aumentos salariales, mejoras en las condiciones de vida y cuestionamientos a la distribución de combustibles, tras denuncias de fallas que habrían afectado a miles de vehículos en distintas regiones.
Los bloqueos de rutas y las movilizaciones se multiplicaron, generando problemas en el abastecimiento de alimentos y combustibles en varias zonas urbanas y rurales. La tensión se trasladó también a los principales centros administrativos, donde la presencia policial fue reforzada ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia.
Hasta antes de esta decisión legislativa, el gobierno había sostenido públicamente una estrategia de diálogo con los sectores movilizados, incluso frente a los pedidos de mayor dureza por parte de sectores políticos y sociales. Sin embargo, el avance de las protestas y su extensión territorial terminaron modificando ese enfoque inicial.
En paralelo, el United States Department of State expresó su preocupación por el escenario interno y advirtió sobre posibles factores de desestabilización institucional, en un contexto regional que sigue de cerca la evolución del conflicto.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan desplegadas en distintos puntos estratégicos, especialmente en La Paz y otras ciudades relevantes. El clima general es de máxima tensión, con una crisis política y social que sigue abierta y sin señales claras de resolución en el corto plazo.
