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Estados Unidos quiere instalar auditores en Argentina para controlar inversiones chinas: Jujuy quedó en el centro del informe

Una comisión vinculada al Congreso estadounidense propuso desplegar equipos técnicos en Argentina y otros países de América Latina para revisar contratos de inversión extranjera antes de su firma.

Estados Unidos quiere instalar auditores en Argentina para controlar inversiones chinas: Jujuy quedó en el centro del informe

El Congreso de Estados Unidos recomendó la creación de un equipo de auditores que se instale en Argentina y otros países de América Latina para revisar inversiones extranjeras y evaluar posibles riesgos antes de que se firmen contratos. La iniciativa apunta principalmente a contrarrestar la creciente influencia económica y estratégica de China en la región y tiene a Jujuy como uno de los principales casos de análisis.

La propuesta forma parte de un informe de más de 700 páginas elaborado por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China (USCC), que analiza la presencia económica, tecnológica y diplomática de Beijing en América Latina.

El documento plantea la creación del denominado Equipo de Revisión Rápida de Inversiones Extranjeras (FIRST, por sus siglas en inglés), una estructura que dependería del Departamento del Tesoro estadounidense y que tendría como objetivo colaborar con los gobiernos latinoamericanos en el análisis de proyectos de inversión considerados estratégicos.

La iniciativa todavía es una recomendación elevada al Congreso de Estados Unidos. No significa que los auditores ya tengan autorización para instalarse en Argentina ni que exista un acuerdo firmado con el Gobierno nacional.

El planteo adquiere especial relevancia para el país por la importancia que tienen los recursos naturales, la infraestructura energética, las telecomunicaciones y las actividades mineras dentro de la disputa geopolítica entre Washington y Beijing.

Jujuy aparece como uno de los principales ejemplos utilizados en el informe. La provincia del norte argentino ocupa un lugar destacado por sus reservas de litio y por los vínculos comerciales e institucionales que fue construyendo con empresas y autoridades chinas durante los últimos años.

Para los integrantes de la comisión estadounidense, las negociaciones que se desarrollan directamente entre compañías extranjeras y gobiernos provinciales pueden generar compromisos de largo plazo que no siempre reciben el mismo nivel de supervisión que los acuerdos celebrados por las autoridades nacionales.

Uno de los antecedentes mencionados es el acuerdo de cooperación que Jujuy firmó con la provincia china de Guizhou en 2018. Con el paso del tiempo, ese vínculo se amplió hacia distintas áreas, entre ellas turismo, educación, intercambio cultural, capacitación técnica, investigación y minería.

La relación también avanzó en el terreno empresarial. El informe menciona la participación de compañías chinas en proyectos de exploración y producción de litio en territorio jujeño, entre ellas CNGR Advanced Material y Ganfeng Lithium.

Esta última participa en el emprendimiento Cauchari-Olaroz, uno de los desarrollos mineros más importantes de la provincia, que cuenta con planes de expansión de su capacidad productiva. También se mencionan los proyectos Solaroz y Jama, vinculados con inversiones de capitales asiáticos.

La comisión considera que estos acuerdos permiten establecer relaciones institucionales y comerciales que pueden mantenerse durante distintos períodos de gobierno. Desde su perspectiva, esa continuidad constituye un factor relevante dentro de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China.

La importancia de Jujuy no es casual. La provincia forma parte del denominado Triángulo del Litio, una región compartida con Salta y Catamarca que concentra algunos de los principales recursos de este mineral en el mundo.

El litio es un insumo fundamental para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Su creciente demanda internacional convirtió a los salares del norte argentino en un punto de interés para compañías de diferentes países.

Para Estados Unidos, el control de las cadenas de suministro de minerales críticos constituye una cuestión económica y de seguridad nacional. La preocupación está relacionada con la posición que China consiguió consolidar en distintos eslabones de la industria, desde la extracción de materias primas hasta su procesamiento y utilización en productos tecnológicos.

El documento también menciona que las inversiones chinas en América Latina se concentran especialmente en minería y energía. En ese escenario, Argentina aparece como un territorio de interés por sus reservas de litio, cobre y otros recursos necesarios para la transición energética.

El capítulo dedicado al país no se limita a los emprendimientos mineros. Otro de los antecedentes que aparecen es el contrato de aproximadamente 30 millones de dólares que la empresa tecnológica china ZTE firmó para implementar un sistema de vigilancia en Jujuy.

El proyecto es mencionado dentro de un análisis más amplio sobre la incorporación de tecnología china en sistemas de seguridad pública de distintos países latinoamericanos.

La comisión advierte sobre los posibles riesgos relacionados con el almacenamiento, la administración y el acceso a información obtenida mediante dispositivos de vigilancia. También plantea interrogantes sobre la dependencia tecnológica que pueden generar estos contratos cuando los gobiernos utilizan durante años sistemas desarrollados y mantenidos por empresas extranjeras.

En el caso argentino, el informe incorpora además otros antecedentes, como la estación espacial instalada en Neuquén y sus vínculos con organismos chinos. Estos elementos forman parte de la evaluación estadounidense sobre la presencia de Beijing en sectores considerados estratégicos.

La preocupación de Washington se extiende a las telecomunicaciones, los sistemas digitales, los puertos, las redes energéticas y las instalaciones que podrían tener aplicaciones civiles y estratégicas.

En cuanto al funcionamiento del FIRST, la propuesta contempla una intervención técnica que iría más allá de la elaboración de recomendaciones generales. La intención es que sus integrantes trabajen junto con funcionarios y organismos de los países que acepten participar de este mecanismo.

Entre las tareas previstas figuran el envío de delegaciones para desarrollar procedimientos de evaluación de inversiones y proyectos de infraestructura, la capacitación de auditores y responsables de contrataciones públicas y el asesoramiento sobre legislación contractual, estructuras empresariales y prevención de la corrupción.

También se contempla brindar asistencia a los gobiernos provinciales y municipales, especialmente en aquellos casos donde las autoridades deben negociar emprendimientos de gran escala sin contar necesariamente con equipos especializados para analizar todas sus consecuencias económicas y estratégicas.

Otro aspecto central es la posibilidad de coordinar financiamiento estadounidense para impulsar proyectos alternativos. Para ello, el plan contempla la participación de organismos financieros de ese país que podrían ofrecer herramientas de crédito y respaldo a inversiones en sectores estratégicos.

De esta manera, Washington buscaría acompañar las evaluaciones técnicas con herramientas financieras que permitan competir con las propuestas de inversión provenientes de China.

La recomendación también incluye asistencia para que los países latinoamericanos desarrollen marcos legales específicos que permitan revisar inversiones en sectores estratégicos y establecer mayores mecanismos de transparencia en las contrataciones públicas.

La inclusión de Jujuy en el documento vuelve a poner en primer plano la importancia estratégica que adquirió el norte argentino dentro de la competencia internacional por los recursos naturales.

Para Salta, el planteo tiene una relevancia particular. La provincia comparte con Jujuy y Catamarca una de las regiones más importantes del mundo para la producción de litio y forma parte de un esquema de inversiones mineras que involucra a compañías de distintos países.

Aunque el informe utiliza principalmente el caso jujeño para explicar su preocupación por los acuerdos provinciales con empresas chinas, sus recomendaciones están dirigidas al conjunto de América Latina. Por eso, el debate sobre los mecanismos de control de inversiones también alcanza a las provincias argentinas que negocian proyectos mineros, energéticos y de infraestructura.

La iniciativa todavía debe atravesar las instancias políticas y administrativas correspondientes en Estados Unidos. La comisión no tiene facultades para instalar por sí misma equipos de auditores en territorio argentino: su función es analizar la relación bilateral con China y elevar propuestas al Congreso estadounidense.

Por el momento, no existe una confirmación de que Argentina vaya a recibir a estas delegaciones ni de que el Gobierno nacional haya aceptado implementar el mecanismo.

El planteo deja expuesta una nueva dimensión de la disputa entre Washington y Beijing: además del comercio y la tecnología, el interés de las dos potencias se concentra cada vez más en los recursos naturales y en los acuerdos que se construyen directamente con los gobiernos provinciales. En ese escenario, el litio de Jujuy y los proyectos mineros del norte argentino adquieren una importancia que trasciende las fronteras del país.


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