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CONFLICTO JUDICIAL

Mercado San Miguel: la Municipalidad pidió el jury del juez Víctor Soria y reclama su suspensión

La denuncia cuestiona las medidas cautelares que dispuso para frenar obras en el subsuelo del Mercado San Miguel, cuya recuperación ya registra un avance del 70%.

Mercado San Miguel: la Municipalidad pidió el jury del juez Víctor Soria y reclama su suspensión

El conflicto judicial por el futuro del subsuelo del Mercado San Miguel sumó un nuevo capítulo. El Ejecutivo municipal avanzó con una presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento para solicitar que se investigue la actuación del magistrado y se disponga su suspensión provisoria mientras se analiza la denuncia.

El escrito fue presentado por el procurador municipal, Matías Risso, y apunta contra una serie de resoluciones dictadas por Soria entre octubre y noviembre de 2026, en el marco de una acción de amparo impulsada por la Fundación San Miguel, presidida por el exadministrador del mercado, José “Pepe” Muratore.

La disputa gira alrededor de las obras que se realizan en el histórico paseo comercial, afectado gravemente por el incendio ocurrido en noviembre de 2024. Actualmente, los trabajos de recuperación integral alcanzaron aproximadamente el 70% de ejecución en su primera etapa y tienen como objetivo habilitar nuevamente parte del edificio durante los primeros días de 2027.

Desde el municipio sostienen que las decisiones judiciales cuestionadas interfieren en las competencias propias del Ejecutivo y ponen en riesgo la continuidad de una obra pública de gran importancia para la actividad comercial del centro salteño.

La presentación se fundamenta en presuntas irregularidades funcionales y plantea que el magistrado habría excedido sus atribuciones al intervenir en decisiones administrativas vinculadas con la administración del predio.

El origen de la controversia se encuentra en los acuerdos celebrados durante gestiones anteriores entre el Ente Descentralizado Mercado San Miguel y la Fundación San Miguel. Entre ellos figura un convenio de concesión del 30 de agosto de 2022 relacionado con el subsuelo del edificio.

La Municipalidad sostiene que esos acuerdos presentaban incompatibilidades y conflictos de intereses, debido a que Muratore ocupaba responsabilidades tanto en la administración del mercado como en la fundación que posteriormente reclamó derechos sobre el espacio.

En ese contexto, las ordenanzas municipales N° 12.371 y N° 15.151 establecieron el dominio comunal sobre los puestos y dieron origen al Ente Descentralizado Mercado San Miguel.

Luego de una revisión administrativa, el 24 de julio de 2025 se dictó la Resolución N° 18/25, mediante la cual se declaró la inexistencia jurídica de los convenios cuestionados. La Fundación San Miguel presentó un recurso de revocatoria en agosto de ese año, que finalmente fue rechazado por la Unidad de Administración de Mercados Municipales mediante la Resolución N° 39/2026, notificada el 21 de octubre de 2026.

Sin embargo, antes de que se resolviera ese planteo administrativo, la fundación había acudido nuevamente a la Justicia. El 29 de septiembre de 2026 presentó una acción de amparo ante el juzgado de Soria y solicitó una medida de no innovar para impedir modificaciones en el subsuelo y cuestionar la ejecución de la Resolución N° 18/25.

Uno de los principales cuestionamientos de la Municipalidad está relacionado con la cautelar dictada el 15 de octubre. Según la presentación, el juez dispuso una medida que impedía avanzar sobre el espacio pese a que el propio magistrado habría reconocido en los fundamentos que la decisión coincidía con el fondo de la controversia.

El Ejecutivo considera que no estaban acreditados los requisitos necesarios para conceder esa protección judicial y cuestiona que tampoco se haya establecido una contracautela ni evaluado adecuadamente el interés público comprometido por la paralización de las obras.

Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con la recusación presentada por la Municipalidad el 27 de octubre. La comuna solicitó apartar al magistrado y fundamentó el planteo en el artículo 87 de la Constitución Provincial.

Dos días después, Soria rechazó la recusación sin abrir el incidente correspondiente ni remitirlo al tribunal superior, según cuestiona el escrito municipal. Además, la presentación sostiene que el magistrado desestimó posteriormente la apelación, situación que derivó en una queja ante la Corte de Justicia de Salta.

El tercer episodio señalado ocurrió el 10 de noviembre. Según la Municipalidad, el juez modificó el alcance de las restricciones judiciales después de que la Fundación San Miguel presentara como hecho nuevo una publicación periodística que informaba sobre los avances de la reconstrucción y la previsión de habilitar una primera etapa del mercado durante 2027.

El municipio sostiene que, a partir de esa presentación, Soria amplió la prohibición de innovar sin dar traslado previo a la otra parte. También cuestiona que el magistrado haya puesto en discusión la vigencia de la Resolución N° 39/2026 por una supuesta extemporaneidad que, según la denuncia, no habría sido debidamente fundamentada.

La nueva resolución incluyó la orden de paralizar las obras en el subsuelo y, al mismo tiempo, dispuso constatar la existencia y el alcance de los trabajos que se estaban ejecutando.

Para el Ejecutivo, estas decisiones constituyen una intervención irregular sobre una obra pública que se encuentra en plena ejecución y que representa una inversión importante para recuperar uno de los espacios comerciales más tradicionales de Salta.

La denuncia también incorpora antecedentes de otras actuaciones judiciales de Soria. Entre ellas menciona una medida cautelar dictada en diciembre de 2024, después del incendio del Mercado San Miguel, que permitió el funcionamiento de una feria callejera en las inmediaciones del edificio afectado. Aquella resolución motivó una presentación ante la Superintendencia de la Corte de Justicia.

Además, el escrito hace referencia al expediente “Alquimia S.R.L. c/ First Data S.A. y otro s/ amparo”, en el que se cuestionó el otorgamiento de una medida cautelar de importante impacto económico sin una contracautela que, según los denunciantes, resultara suficiente.

En paralelo, la Municipalidad advierte sobre las consecuencias económicas que podría generar una eventual interrupción de los trabajos en el subsuelo. Allí se proyecta recuperar el estacionamiento subterráneo, una parte importante del proyecto de reconstrucción del mercado.

Una paralización podría provocar mayores costos, demoras en los plazos previstos, reclamos de las empresas contratistas y la prolongación de los gastos que implica mantener la actividad comercial fuera del edificio mientras continúan las tareas de recuperación.

El impacto laboral también quedó en el centro de la discusión. Juan Carlos Segura, responsable de la empresa constructora a cargo de los trabajos y presidente de la Cámara de la Construcción, advirtió que una eventual detención de la obra podría dejar sin empleo a más de 100 trabajadores.

El empresario manifestó que todavía no habían recibido una notificación formal para detener las tareas, pero señaló que, si debían cumplir con la paralización, tendrían que despedir a alrededor de un centenar de empleados.

La presentación municipal también recupera otros antecedentes de denuncias y pedidos de enjuiciamiento que tuvo el juez Soria a lo largo de su carrera.

Uno de los episodios más conocidos se remonta a diciembre de 2013, cuando el magistrado hizo lugar a un recurso de amparo que suspendió temporalmente la interrupción legal del embarazo de una niña de 12 años víctima de abuso intrafamiliar. La decisión fue posteriormente revocada por la Corte de Justicia de Salta.

En febrero de 2014, organizaciones sociales y de derechos humanos impulsaron un pedido de jury por presunto mal desempeño, intromisión en la vida privada y violencia institucional contra la menor. El Ministerio Público Fiscal recomendó avanzar con la apertura del proceso, pero el Jurado de Enjuiciamiento rechazó la acusación en una votación dividida y archivó la presentación meses después.

Otro antecedente estuvo relacionado con las denuncias por presunta violencia de género realizadas por la entonces defensora oficial civil Natalia Buira, quien obtuvo una medida judicial de prohibición de acercamiento contra el magistrado.

El entonces diputado provincial Héctor Chibán promovió un pedido de jury que incluyó esos episodios y supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la presentación fue desestimada.

En paralelo, Soria fue imputado penalmente por presunta desobediencia judicial, a raíz de un supuesto incumplimiento de la restricción de acercamiento en el ámbito de Ciudad Judicial. Esa causa concluyó con su sobreseimiento en octubre de 2022.

La denuncia impulsada por Chibán también incluyó cuestionamientos relacionados con una intervención judicial que habría permitido el tránsito de más de 120 camiones cargados con harina provenientes de Bolivia y con destino a Jujuy, evitando controles aduaneros y fiscales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó una denuncia ante la Corte de Justicia de Salta al considerar que se trataba de una cuestión ajena a la competencia de un juzgado provincial de Personas y Familia. El expediente concluyó sin sanciones para el magistrado.

Ahora, con el conflicto por el Mercado San Miguel, Soria vuelve a quedar bajo la lupa institucional. El pedido presentado por la Municipalidad deberá ser analizado por los organismos correspondientes, que tendrán que determinar si existen elementos suficientes para abrir un proceso de enjuiciamiento.

Mientras tanto, la disputa judicial mantiene en suspenso una parte de las obras de recuperación del histórico mercado, en un momento en el que el municipio busca avanzar con la reapertura prevista para 2027 y recuperar uno de los principales espacios comerciales de la ciudad de Salta.


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