La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales por una investigación que lo acusa de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado y otros delitos relacionados con las protestas y bloqueos de rutas ocurridos durante mayo y junio.
La medida fue dispuesta por el fiscal Brayan Melgar e incluye acusaciones por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y afectación a servicios públicos.
Se trata del segundo pedido de detención que enfrenta Morales en Bolivia. El exmandatario ya tiene una orden vigente en una causa por trata agravada de personas, relacionada con una investigación sobre una presunta relación con una menor de edad durante su etapa como presidente.
La nueva acusación surge a partir de los bloqueos de carreteras impulsados por sectores campesinos y organizaciones sindicales que reclamaban la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las protestas se extendieron durante siete semanas y generaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas zonas del país.
Según la investigación, grupos vinculados al movimiento político de Morales habrían tenido participación en las movilizaciones, que dejaron personas fallecidas y fuertes pérdidas económicas. La denuncia fue presentada por dirigentes civiles y luego incorporada por autoridades del Gobierno boliviano.
Además de Morales, la causa alcanza a otros referentes sociales y sindicales, entre ellos dirigentes de organizaciones campesinas y de la Central Obrera Boliviana. Uno de ellos permanece detenido de manera preventiva por otra investigación relacionada con los mismos hechos.
El exmandatario rechazó las acusaciones y aseguró que las medidas judiciales no impedirán su actividad política. Morales sostuvo que las movilizaciones buscaban expresar reclamos de distintos sectores y negó haber promovido acciones contra el orden institucional.
Durante el conflicto, el presidente Rodrigo Paz decretó medidas de excepción para permitir el levantamiento de los cortes de ruta y dispuso el despliegue de fuerzas de seguridad con el objetivo de restablecer la circulación.
La situación judicial de Morales se suma a una etapa de fuerte tensión política en Bolivia. El exjefe de Estado permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una zona donde mantiene respaldo de sectores afines que buscan impedir su detención.
En la causa por trata agravada, un tribunal de Tarija declaró a Morales en rebeldía luego de que no se presentara al inicio del proceso judicial y volvió a ordenar su captura.
La Policía boliviana indicó que analiza las condiciones para ejecutar esa medida, mientras el expresidente continúa con apoyo de sus seguidores en su principal bastión político.
