Las acciones de Rockhopper Exploration llegaron a caer cerca de 20% este lunes en Londres, antes de moderar el retroceso, mientras crece la presión argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas. La baja llegó después de que Navitas Petroleum, socia y operadora del desarrollo, admitiera que trabaja para reemplazar a dos contratistas que se apartaron del proyecto.
La caída fue seguida de cerca por plataformas financieras. TipRanks llegó a mostrar a Rockhopper con una baja de 19,35% y vinculó el movimiento con la salida de dos contratistas de Sea Lion y el temor a nuevas demoras y mayores costos. Más tarde, Investing.com mostraba una caída más moderada, en torno al 13%-14%, mientras Alliance News la ubicaba alrededor del 10%, señal de que la acción había recuperado parte del terreno perdido después del derrumbe inicial.
El movimiento le pone una consecuencia concreta a una disputa que escaló durante las últimas semanas. Argentina anunció sanciones contra empresas y personas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en las islas, obtuvo una medida cautelar de la Justicia Federal de Río Grande y abrió un procedimiento de arbitraje contra Reino Unido por Sea Lion.
Rockhopper ya venía mostrando una fuerte volatilidad. El 30 de septiembre cayó 7,66% y el 1° de octubre otro 0,51%, antes de recuperar 3,23% el viernes 2. En septiembre, la acción había sufrido además varias jornadas de fuertes bajas, en paralelo con el endurecimiento de las medidas argentinas sobre el proyecto.
Dos contratistas se apartaron de Sea Lion
La novedad que volvió a golpear la cotización apareció este lunes en una comunicación difundida por Rockhopper a partir de una actualización de Navitas. La operadora informó que está tomando medidas para reemplazar a "dos contratistas incumplidores" y realizar los ajustes necesarios para mantener el desarrollo.
Navitas no identificó en ese comunicado a las dos firmas. Sí reconoció que el escenario podría complicarse si los reemplazos se demoran o fracasan, si otros proveedores deciden retirarse o si se produce una nueva escalada de las acciones del Gobierno argentino.
Pese a esas advertencias, la compañía aseguró que Sea Lion continúa con "el pleno apoyo" del gobierno británico y de la administración de las islas y sostuvo que, por ahora, no espera un impacto material adverso sobre el proyecto. Rockhopper reprodujo esa evaluación en su comunicación al mercado.
Un proyecto bajo creciente presión
Rockhopper posee el 35% de Sea Lion y Navitas controla el 65% restante y opera el desarrollo. La primera producción sigue prevista para el primer trimestre de 2028, después de que la fase inicial recibiera la decisión final de inversión a fines de 2025.
La petrolera británica ya había reconocido que las medidas argentinas elevaron la atención política y mediática sobre Sea Lion. La actualización de este lunes fue un paso más: ya no se limita a describir presión diplomática, sino que admite dificultades con proveedores y contempla expresamente la posibilidad de nuevas salidas.
El riesgo operativo aparece en un momento especialmente sensible. Sea Lion necesita sostener contratos, obras y servicios para llegar a la etapa de perforación y luego a la producción. Si los reemplazos se demoran o aparecen nuevas bajas, la propia Navitas admite que sus previsiones actuales podrían no cumplirse.
La presión argentina suma frentes
La Argentina intensificó su estrategia durante septiembre. El Gobierno anunció medidas para endurecer las sanciones contra empresas y personas que participen en actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización nacional y sostuvo que el avance de Sea Lion afecta derechos soberanos argentinos.
A ese frente se sumó la Justicia. El 16 de septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto hizo lugar parcialmente a una cautelar presentada por el CECIM La Plata y una organización de abogados ambientalistas y ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto Sea Lion.
La disputa escaló después al plano internacional. El 28 de septiembre, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y le dio a Londres dos semanas para impedir el avance de las actividades hidrocarburíferas. Si Reino Unido no atiende la intimación, Argentina anunció que pedirá medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El cuadro combina así presión política, judicial y diplomática de Argentina con dificultades operativas dentro del propio proyecto. Rockhopper y Navitas sostienen que Sea Lion mantiene sus objetivos y que podrán reemplazar a los contratistas.
La caída bursátil de este lunes muestra, sin embargo, que la controversia por Malvinas ya no se mueve solamente entre comunicados de Buenos Aires y Londres: también empieza a pesar sobre las empresas que pretenden llevar Sea Lion hasta su primera producción en 2028.
