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Meta deberá pagar USD 375 millones por fallas en la protección de menores

Un jurado de Nuevo México sancionó a la empresa por prácticas desleales y fallas en la protección infantil en Facebook e Instagram.

Meta deberá pagar USD 375 millones por fallas en la protección de menores

Un jurado de Nuevo México ordenó a Meta pagar 375 millones de dólares por ocultar información sobre fallas en sus plataformas que facilitaron la explotación sexual infantil. El fallo se conoció este martes en Santa Fe tras siete semanas de juicio.

 

El tribunal determinó que la compañía, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, violó la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del estado. Según el veredicto, Meta no informó de manera transparente los riesgos que enfrentan los menores en sus redes.

Durante el proceso, la Fiscalía estatal presentó una prueba clave: una operación encubierta. 

Los investigadores crearon perfiles de menores en Instagram y Facebook y recibieron en poco tiempo contactos de adultos con contenido sexual. Para los fiscales, el resultado evidenció fallas en los sistemas de protección y la facilidad con la que usuarios vulnerables quedaron expuestos.

El jurado también concluyó que Meta conocía internamente los riesgos de explotación sexual infantil. Sin embargo, no aplicó medidas suficientes ni alertó a los usuarios sobre el impacto en la seguridad y la salud de los menores.

El caso puso el foco en el diseño de las plataformas. El tribunal sostuvo que la empresa priorizó el crecimiento y la interacción por encima de la seguridad.

 

Meta deberá pagar USD 375 millones por fallas en la protección de menores

Tras el fallo, un vocero de Meta rechazó la decisión y confirmó que la empresa apelará la sanción económica.

 

La causa en Nuevo México se suma a una creciente presión judicial y regulatoria sobre las grandes tecnológicas en Estados Unidos. En paralelo, un jurado federal en California analiza un expediente similar contra Meta y YouTube por posibles daños vinculados a la seguridad infantil.

Estos litigios forman parte de una ola de demandas que cuestiona el modelo de negocio de la industria tecnológica y podría fijar nuevos estándares sobre la responsabilidad de las plataformas digitales.


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