La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina en la causa por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y confirmó que el Estado deberá pagar más de US$ 390 millones al fondo Titan Consortium. La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones de Washington, que rechazó los planteos del país y ratificó la obligación de cumplir con la indemnización.
El litigio se remonta a la expropiación de la aerolínea de bandera, medida impulsada en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de ese proceso, se inició una disputa internacional que derivó en un fallo favorable para los demandantes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral del Banco Mundial.
Aunque esa sentencia quedó firme en 2019, el Estado argentino nunca concretó el pago, lo que dio lugar a nuevas acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la resolución.
El caso pasó a manos del fondo Titan Consortium luego de que Burford Capital, firma especializada en la compra de litigios internacionales, adquiriera inicialmente los derechos de la demanda y más tarde los vendiera. Desde entonces, Titan impulsó el proceso ante la Justicia estadounidense para obtener la ejecución de la sentencia.
Con el nuevo fallo de la Cámara de Apelaciones, el reclamo quedó nuevamente fortalecido y el país enfrenta la obligación de afrontar una deuda superior a los US$ 390 millones, cifra que incluye el monto reconocido por la Justicia y los intereses acumulados durante el proceso.
La decisión judicial también tiene consecuencias sobre otros expedientes vinculados. Entre ellos, se reactivó el denominado caso Webuild, que permanecía suspendido hasta que se resolviera la disputa por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
Durante 2024 existieron negociaciones para intentar cerrar el conflicto mediante un acuerdo entre las partes. Incluso se habían consensuado aspectos vinculados al monto de la deuda, los intereses y las condiciones de pago. Sin embargo, el cambio de estrategia judicial adoptado por la Argentina interrumpió ese camino y el entendimiento no llegó a concretarse.
Tras ese giro, Titan Consortium avanzó con medidas para ejecutar la sentencia y comenzó los procedimientos destinados a identificar y embargar activos soberanos argentinos con el objetivo de garantizar el cobro de la indemnización.
El fallo representa un nuevo revés para la Argentina en tribunales internacionales y vuelve a poner en el centro de la escena el costo económico derivado de los litigios por expropiaciones e inversiones. Mientras tanto, el Estado deberá definir los próximos pasos judiciales y financieros para afrontar una obligación millonaria que continúa generando consecuencias en el exterior.
