Una jueza de Miami emitió una orden de arresto contra el exmandatario cubano Raúl Castro, de 95 años, por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, en el que murieron cuatro personas. La medida se enmarca en una investigación que busca establecer responsabilidades por el ataque.
La orden fue firmada por Ariana Fajardo Orshan, integrante del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Florida. La acusación sostiene que existen elementos para investigar una presunta conspiración para cometer asesinato en primer grado.
El hecho ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando aeronaves militares cubanas derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate, una organización humanitaria con sede en Miami que buscaba y auxiliaba a cubanos que intentaban abandonar la isla.
Las víctimas fueron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. Tres eran ciudadanos estadounidenses y el cuarto tenía residencia legal permanente en ese país.
La investigación apunta a la posible participación de agentes cubanos que operaban en Florida. Según la hipótesis judicial, habrían recopilado información sobre los vuelos de la organización y transmitido esos datos a La Habana, lo que habría facilitado la interceptación de las aeronaves.
En ese momento, Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Los investigadores buscan establecer su responsabilidad en la planificación del ataque y en las decisiones que derivaron en la muerte de los cuatro ocupantes.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, confirmó públicamente la medida y aseguró que las autoridades continuarán trabajando para esclarecer el caso. También sostuvo que se investigan posibles vínculos de otras personas con los hechos.
La orden estatal se suma a una acusación presentada en mayo ante la Justicia federal estadounidense por la presunta participación de Castro en el episodio, que incluye cargos relacionados con asesinatos y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
Aunque las actuaciones judiciales avanzan, la edad del exmandatario representa un desafío para las autoridades, que reconocen las dificultades para lograr que se presente ante un tribunal de Miami. Sin embargo, la fiscalía sostiene que continuará con el proceso y buscará determinar si hubo otros responsables.
El caso fue reactivado en marzo, casi tres décadas después del derribo, y representa un nuevo capítulo en las tensiones entre Washington y el Gobierno cubano. La decisión judicial también se produce en un contexto de endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla, con nuevas medidas y sanciones contra figuras vinculadas al régimen.
La investigación buscará reunir elementos que permitan esclarecer cómo se planificó el ataque, qué información se compartió antes del operativo y quiénes tuvieron responsabilidad en la muerte de los cuatro ocupantes.
