Un terremoto político y judicial sacude al municipio de Juan Bautista Alberdi tras la viralización de un explosivo audio que compromete al ahora exintendente Luis “Pato” Campos en presuntos vínculos con el narcotráfico.
La grabación, que se difundió el pasado jueves pero habría sido registrada hace un año, expone una conversación telefónica entre Campos y el empresario de la construcción Roque “Chipi” Giménez, desatando una crisis institucional que culminó este lunes con la intervención del municipio por parte del gobernador Osvaldo Jaldo.
En el audio, cuya autenticidad Campos reconoció, se escucha al exintendente afirmar con crudeza: “Acá el intendente soy yo, a la Policía la manejo yo, a la droga la manejo yo y todo manejo yo. Las muertes, todo lo manejo yo. Necesitás un Al Capone para gobernar, no necesitás un Lassie. Por eso no te respetan, rey”. Las palabras, cargadas de un tono mafioso, fueron interpretadas como una admisión de control sobre actividades ilícitas en la localidad, aunque Campos negó rotundamente cualquier relación con el narcotráfico.
Por su parte, Giménez, quien habría grabado la conversación, reprocha al intendente su supuesta protección a personas vinculadas al narcomenudeo y llega a exigirle que deje el cargo: “Yo quiero que te bajes de la intendencia y me dejes ser intendente a mí”, a lo que Campos responde: “Eso es para la que viene, papi”.
El escándalo estalló en un contexto de creciente presión contra el narcotráfico en Alberdi, donde días antes se secuestró un kilo de cocaína en un operativo que resultó en la detención de dos personas, una de ellas vinculada a un empleado municipal preso en Salta por un doble homicidio con tintes narcos.
La filtración del audio, que según el periodista Carlos Rosznercki supera los seis minutos y no muestra signos de edición, desató una ola de indignación entre los vecinos y encendió las alarmas en la política provincial. El legislador José Cano, de la oposición, exigió la intervención inmediata del municipio, denunciando que “los jóvenes están siendo envenenados” y que el municipio “garantiza la impunidad”.
El viernes, Campos intentó apagar el incendio al reunirse con los ministros del Interior, Darío Monteros, y de Gobierno y Justicia, Regino Amado, en Casa de Gobierno. En diálogo con la prensa, el exintendente cuestionó la legalidad de la grabación, alegando que fue obtenida sin su consentimiento, y afirmó: “Voy a dejar que la Justicia avance en la investigación. Soy el principal interesado en que esto se resuelva. No voy a tomar licencia. Estoy más firme que nunca. El pueblo de Alberdi está conmigo”. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar las aguas.
El gobernador Osvaldo Jaldo, quien desde el inicio se mostró implacable, advirtió que no toleraría vínculos de funcionarios con el narcotráfico: “No vamos a permitir que en Tucumán políticos estén ligados con la droga. Van a ir presos y, si tienen responsabilidad institucional, los vamos a intervenir. En Alberdi no hay cobertura para nadie”. Fiel a su promesa, este lunes firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) basado en el artículo 139 de la Constitución provincial, apartando a Campos y designando a Guillermo Norry como interventor del municipio por un plazo máximo de 180 días. Además, se convocaron elecciones para el 26 de octubre para restablecer la normalidad institucional.
La intervención se ejecutó con un operativo de alto impacto en la madrugada del lunes. Efectivos de Gendarmería Nacional y la Policía de Tucumán allanaron los domicilios de Campos y de su secretario de Hacienda, José Roldán, también mencionado en el audio. Los operativos, supervisados por el fiscal adjunto Raúl Ferrazzano y el jefe de Policía Joaquín Girvau, incluyeron la toma de los edificios municipales y del Concejo Deliberante. En la vivienda de un familiar de Giménez y en el ex mercado municipal, donde el empresario tenía su domicilio legal, se secuestraron teléfonos celulares, documentación y un DVR de videovigilancia, mientras que en otros allanamientos se incautaron marihuana, cocaína fraccionada, dinero en efectivo y elementos relacionados con la venta de drogas.
La Justicia Federal, a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez, investiga posibles delitos de narcotráfico y lavado de activos, mientras que en el fuero provincial, la fiscal Mónica García de Targa avanza en una causa contra Campos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y evalúa acusar a Giménez por extorsión. La grabación, según fuentes cercanas, habría surgido de una disputa entre Campos y Giménez por el robo de una maquinaria municipal, un conflicto que también involucró la paralización de obras públicas a cargo de la empresa de Giménez, Giménez Group, por falta de fondos provinciales.
El caso ha puesto a Alberdi en el centro de la tormenta, con sectores opositores y organizaciones sociales exigiendo transparencia y justicia. Mientras tanto, Jaldo reiteró su compromiso de ir “hasta las últimas consecuencias” en la lucha contra el narcotráfico, destacando que su gestión ya ha logrado más de 300 condenas por narcomenudeo y el secuestro récord de drogas en la provincia. Con la intervención en marcha y las investigaciones judiciales en curso, el futuro político y social de Alberdi pende de un hilo, mientras los vecinos esperan respuestas y el esclarecimiento de un escándalo que ha expuesto las sombras del poder en esta localidad del sur tucumano.
