La sede central de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue allanada este viernes en el marco de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la administración de recursos del sindicato. El procedimiento se realizó por orden del juez federal Julián Ercoloni, a partir de un requerimiento del fiscal Eduardo Taiano, dentro de una investigación que involucra al secretario general del gremio, Abel Furlán, y a la dirigente política María Soledad Calle.
La causa se originó por una denuncia vinculada a un contrato firmado entre la UOM y la empresa USEM, una firma encargada de administrar una parte importante de los recursos provenientes de los aportes sindicales. Los investigadores analizan si ese acuerdo pudo haber derivado en maniobras de administración fraudulenta o si existen elementos que configuren una posible asociación ilícita.
El operativo judicial se desarrolló durante la mañana y tuvo como objetivo principal recolectar documentación vinculada al contrato que está bajo análisis. Según trascendió, los investigadores buscaban información relacionada con la estructura del fideicomiso que administra fondos del sindicato, así como los documentos que respaldan el vínculo contractual con la empresa señalada en la denuncia.
Desde la conducción del gremio rechazaron las acusaciones y sostuvieron que la investigación se basa en una denuncia que consideran infundada. En el entorno del secretario general remarcaron que el dirigente se puso a disposición de la Justicia desde el primer momento en que trascendió la presentación judicial y que aportó de manera voluntaria documentación vinculada a la gestión de los recursos sindicales.
La denuncia que motivó la investigación fue presentada por dirigentes opositores dentro de la estructura del sindicato, particularmente vinculados a la seccional Zárate-Campana. En esa presentación se cuestiona el acuerdo firmado con USEM y se señala que entre los accionistas de la empresa figuran María Soledad Calle y Adalberto Raúl Braconi.
Calle es una dirigente política vinculada a La Cámpora que tuvo participación activa en la política local de Zárate. En el pasado fue presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos en ese distrito y también se desempeñó como referente del espacio en esa región.
Uno de los puntos que llamó la atención de los denunciantes es que la empresa encargada de administrar los recursos sindicales tiene facultades amplias para operar con fondos del gremio. De acuerdo con los documentos que forman parte del expediente, USEM administra alrededor del 80% de los aportes sindicales que recibe la organización.
Entre sus atribuciones figura la posibilidad de abrir cuentas bancarias en nombre del sindicato, ejecutar pagos y administrar el flujo de recursos que luego se distribuyen hacia distintas áreas del gremio y sus seccionales. Ese esquema de administración es uno de los aspectos centrales que la Justicia busca analizar en detalle.
El contrato firmado entre la UOM y la empresa establece honorarios equivalentes al 0,5% de todo lo recaudado por la cuota sindical. Además, fija una duración de diez años para el acuerdo, lo que implica un vínculo de largo plazo entre ambas partes.
Quienes impulsaron la denuncia sostienen que existen posibles incompatibilidades y conflictos de interés, ya que Calle no solo sería accionista de la empresa que administra los fondos sino que también tendría vínculos laborales con el propio sindicato. En la presentación judicial se menciona además una supuesta relación cercana con el secretario general del gremio.
Del lado de la conducción sindical rechazan de plano esas acusaciones. En el entorno de Furlán sostienen que toda la estructura de administración de recursos responde a mecanismos establecidos previamente y que el esquema actual incluso representa una mejora respecto de acuerdos anteriores.
Según explicaron, antes de la firma del contrato con USEM el manejo del fideicomiso estaba en manos de otra empresa, Donington, vinculada al empresario Raúl Olmos. Ese acuerdo, remarcan desde el sindicato, se extendió durante más de dos décadas.
De acuerdo con esa versión, el nuevo esquema implica que el fideicomiso vuelva a estar bajo control del propio sindicato, mientras que la empresa contratada solo cumple funciones administrativas para ejecutar transferencias hacia las seccionales y realizar pagos a proveedores que son previamente autorizados por la organización.
En ese sentido, sostienen que las condiciones actuales son más favorables para el gremio porque reducen el tiempo de vigencia del contrato y delimitan con mayor precisión las funciones de la firma encargada de la administración.
También remarcan que el secretario general se presentó de manera espontánea ante la Justicia apenas tomó conocimiento de la denuncia. En esa instancia designó a su abogado defensor y entregó documentación vinculada al manejo de los fondos del sindicato.
Dentro del material presentado figuran los convenios de fideicomiso que regulan la administración de los recursos y los contratos firmados tanto con la empresa que operaba anteriormente como con la nueva firma que asumió esa tarea.
Durante el allanamiento, los investigadores solicitaron los documentos originales relacionados con esa presentación. Desde el sindicato señalaron que esos archivos ya habían sido entregados previamente en formato digital y que ahora se aportaron también en versión física para su incorporación al expediente.
En el entorno de la conducción gremial aseguran que el procedimiento no alteró el funcionamiento normal del sindicato. Según explicaron, la agenda del secretario general continuó sin modificaciones a pesar del operativo judicial.
Mientras tanto, la causa avanza en la etapa de recolección de pruebas. Los investigadores buscan reconstruir cómo se tomó la decisión de firmar el contrato, qué controles existen sobre la administración de los fondos y si se respetaron las normas internas y legales que regulan la gestión de recursos sindicales.
En paralelo, el caso expone las tensiones internas dentro del gremio metalúrgico, donde conviven distintos sectores con diferencias políticas y sindicales. La denuncia presentada por dirigentes opositores refleja parte de esas disputas, que ahora quedaron atravesadas por una investigación judicial.
Por el momento, no hay imputaciones formales confirmadas, pero el expediente continúa en análisis y la documentación secuestrada durante el allanamiento será revisada por la Justicia en las próximas semanas.
Desde el sindicato reiteran que confían en que el proceso permitirá aclarar la situación y sostienen que el manejo de los recursos se realizó dentro del marco legal vigente. Mientras tanto, la investigación seguirá su curso para determinar si existieron irregularidades o si la denuncia carece de sustento.
