El fiscal Eduardo Taiano resolvió que el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero deberá afrontar un juicio oral acusado de haber provocado lesiones gravísimas a un fotoperiodista durante una protesta registrada en marzo de 2025. La decisión se basa en la investigación que lo señala por haber actuado con abuso de su función y mediante el uso irregular de un arma no letal en el marco de un operativo de seguridad.
La causa lo imputa por “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función” y “abuso de armas agravado”, en reiteradas oportunidades. Según la acusación, su accionar no fue un hecho aislado sino parte de una serie de disparos efectuados en un contexto donde no existía una amenaza concreta que justificara ese nivel de respuesta.
El episodio investigado ocurrió durante una manifestación de jubilados que derivó en incidentes y en un despliegue de fuerzas de seguridad. En ese marco, el reportero gráfico Pablo Grillo resultó herido de extrema gravedad tras recibir el impacto de un proyectil lanzado por un arma reglamentaria de uso disuasivo. El hecho le provocó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, por lo que debió ser internado durante varios meses y atravesar un extenso proceso de recuperación.
De acuerdo con la investigación, el efectivo realizó al menos seis disparos en un breve lapso de tiempo y en condiciones que no se ajustaban a los protocolos vigentes. Los peritajes incorporados al expediente indican que los tiros fueron efectuados en forma horizontal, una modalidad expresamente cuestionada por su peligrosidad, ya que incrementa el riesgo de impacto directo sobre personas.
La fiscalía sostuvo que el accionar del gendarme representó un riesgo concreto para la integridad física de los manifestantes y derivó en lesiones de extrema gravedad para el trabajador de prensa. También remarcó que el operativo se desarrollaba en un contexto donde no había agresiones que justificaran el nivel de fuerza empleado.
Uno de los elementos centrales de la acusación es que el imputado contaba con la capacitación necesaria para el uso del armamento y para la aplicación de los protocolos de actuación en manifestaciones públicas. Sin embargo, según el dictamen, habría desatendido esas normas al efectuar disparos de manera indebida y sin respetar las condiciones de seguridad establecidas.
El estado de salud de la víctima también fue considerado en la causa. Las evaluaciones médicas señalan que las secuelas del impacto generaron un deterioro significativo en sus capacidades cognitivas y comunicativas, con la posibilidad de que las consecuencias neurológicas sean permanentes y afecten su vida laboral a largo plazo.
Con la elevación a juicio oral, el expediente ingresa en una nueva etapa en la que se analizarán las responsabilidades penales del efectivo y las circunstancias en las que se produjo el hecho. La acusación sostiene que su accionar excedió ampliamente los límites del uso legítimo de la fuerza en el contexto de un operativo de seguridad.
