La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Jesús Guerrero por el disparo que dejó gravemente herido al fotoperiodista Pablo Grillo durante una manifestación realizada el año pasado frente al Congreso. El tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa y consideró que no había fundamentos suficientes para habilitar una instancia extraordinaria de revisión.
Con esta decisión, queda firme la acusación por lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función, en concurso real con abuso de armas agravado y reiterado en cinco oportunidades. La resolución implica un paso clave en la causa judicial que investiga el accionar de las fuerzas federales en el marco de protestas sociales, un tema que en Argentina genera debate recurrente sobre el uso de la fuerza y los límites en operativos de seguridad.
La Sala II del máximo tribunal penal sostuvo que en el expediente ya existía “doble conformidad judicial”, es decir, que el procesamiento había sido confirmado en instancias previas. En ese contexto, los jueces entendieron que la defensa del efectivo no logró demostrar la existencia de una cuestión federal que justificara una revisión adicional.
El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025, durante una marcha en defensa de los jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación. En medio del operativo de seguridad, el gendarme se encontraba junto a un camión hidrante cuando efectuó varios disparos con una pistola lanzagases marca “Federal y Halcón”.
Según la reconstrucción judicial incorporada a la causa, a las 17:18:05 uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Grillo, quien estaba a unos 50 metros de distancia, agachado y tomando fotografías de la manifestación. El análisis de pericias balísticas y registros audiovisuales permitió establecer que el disparo fue realizado de manera casi horizontal, con una inclinación mínima, y no en parábola hacia arriba como indican los protocolos de actuación para este tipo de armamento disuasivo.
Esa conclusión técnica fue determinante para sostener la imputación. De acuerdo con los estándares vigentes para el uso de lanzagases en operativos de control de multitudes en Argentina, los disparos deben efectuarse con trayectoria ascendente, de modo que el proyectil pierda fuerza antes de tocar el suelo y reduzca el riesgo de lesiones directas. La hipótesis judicial sostiene que esa norma no fue respetada.
El impacto provocó en el fotógrafo una fractura expuesta de cráneo y hematomas cerebrales severos. La gravedad del cuadro obligó a múltiples intervenciones quirúrgicas de urgencia, incluida una craneoplastía bilateral. Durante semanas, su estado fue crítico y permaneció internado con pronóstico reservado.
A comienzos de este año recibió el alta médica y pudo regresar a su domicilio en Lanús. Sin embargo, continúa con secuelas neurológicas y motoras que requieren tratamiento diario y seguimiento especializado. La recuperación, según consta en la causa, es progresiva pero demandará un proceso prolongado de rehabilitación.
En paralelo al avance médico, también avanzó su participación en el expediente. Grillo logró firmar un escrito para constituirse formalmente como querellante en carácter de víctima directa de los delitos investigados. En esa presentación apuntó contra el cabo primero Héctor Jesús Guerrero y otros integrantes de la fuerza que se encuentran bajo investigación, además de mencionar responsabilidades funcionales dentro del Ministerio de Seguridad.
El caso se convirtió en uno de los episodios más resonantes vinculados al accionar de fuerzas federales en manifestaciones públicas recientes. Organismos de derechos humanos y asociaciones de prensa siguieron de cerca el proceso judicial, mientras que el debate sobre protocolos, capacitación y control del uso de armas menos letales volvió a instalarse en la agenda pública.
En términos procesales, la decisión de la Cámara de Casación no implica una condena, pero sí consolida la etapa de instrucción y deja firme el encuadre penal definido hasta el momento. El expediente continuará su curso hacia la instancia de juicio oral, donde se debatirán responsabilidades y eventuales sanciones.
La confirmación del procesamiento refuerza el criterio de que existen elementos suficientes para sostener que el disparo no fue realizado conforme a los reglamentos vigentes y que el resultado lesivo tuvo relación directa con esa conducta. Será el tribunal oral el que, más adelante, determine si esos elementos alcanzan para dictar una condena.
Mientras tanto, el caso sigue siendo observado como un antecedente relevante en materia de responsabilidad penal de efectivos de fuerzas de seguridad en Argentina. La resolución de Casación marca un límite claro en la discusión jurídica planteada por la defensa y ratifica que la investigación debe avanzar sin retrocesos.
En un contexto donde las movilizaciones sociales forman parte habitual de la vida democrática, la actuación de las fuerzas de seguridad vuelve a estar bajo la lupa judicial. El desenlace del juicio será clave no solo para las partes involucradas, sino también para el debate más amplio sobre el uso proporcional de la fuerza y la protección del trabajo periodístico en coberturas de protesta.
