La Justicia argentina ha asestado un golpe demoledor al legado de Cristina Fernández de Kirchner, una figura que, durante más de una década, dominó la escena política nacional con un discurso populista mientras, según la sentencia firme del Tribunal Oral Federal 2, tejía una red de corrupción estructural que desangró al Estado.
Este 25 de junio de 2025, el inicio del remate de 26 de sus bienes más emblemáticos —inmuebles de lujo, hoteles, estancias y hasta el departamento donde cumple prisión domiciliaria— marca el comienzo del fin de un imperio económico edificado, según la Justicia, sobre el robo al pueblo argentino.
La condena a seis años de prisión por el direccionamiento fraudulento de obra pública en la causa Vialidad no es solo un fallo judicial: es la radiografía de un sistema diseñado para enriquecer a una élite política a costa del erario público. Los 500 millones de dólares que el Estado busca recuperar son una cifra que duele, no solo por su magnitud, sino porque, como señaló el fiscal Diego Luciani, ese dinero pudo haber financiado hospitales, escuelas o rutas que no fueran las de Santa Cruz, donde el empresario Lázaro Báez, cómplice condenado, amasó su fortuna bajo el amparo del kirchnerismo.
La subasta de propiedades en Puerto Madero, Recoleta, El Calafate y las estancias patagónicas no es un simple trámite burocrático. Es un acto de justicia que expone la obscenidad de un patrimonio que no se condice con los ingresos legítimos de una funcionaria pública. Los hoteles de la familia Kirchner, los departamentos de Los Sauces S.A. —involucrada en maniobras de lavado— y los más de 5,6 millones de dólares en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner son piezas de un rompecabezas que la Justicia sigue armando, pero cuya imagen final ya es clara: una dinastía política que confundió el Estado con su hacienda personal.
El caso, sin embargo, trasciende a Cristina Kirchner. La liquidación del patrimonio de Báez —132 inmuebles en Santa Cruz, 37 en Buenos Aires, estancias donde se buscó dinero enterrado— revela la magnitud de una asociación ilícita que operó con impunidad durante años. Es un recordatorio de que la corrupción no es un delito aislado, sino una maquinaria que requiere complicidad, silencio y un sistema judicial permeable a las presiones del poder. Que hoy se avance en la recuperación de lo robado es una señal alentadora, pero insuficiente si no se desmantelan las estructuras que permitieron este saqueo.
Cristina Kirchner, aun desde su prisión domiciliaria, sigue siendo una figura polarizante. Sus defensores la ven como víctima de una persecución política; sus detractores, como la arquitecta de un modelo cleptocrático que hipotecó el futuro del país. Pero los hechos son implacables: los bienes que hoy se subastan no son trofeos de una carrera política exitosa, sino el botín de un delito probado. La Justicia, con esta acción, no solo busca reparar el daño económico, sino sentar un precedente: nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley.
El remate de los bienes de Cristina Kirchner no cierra el capítulo de la corrupción kirchnerista, pero es un paso crucial hacia la rendición de cuentas. Queda por ver si los fondos recuperados serán efectivamente destinados a sanar las heridas que este desfalco dejó en la sociedad argentina. Mientras tanto, el país observa, entre la esperanza y el escepticismo, cómo se desmorona el mito de una líder intocable.
