La Armada Argentina apartó de sus funciones a diez militares vinculados a una investigación por presuntas irregularidades en el sistema de liquidación de sueldos de la fuerza y puso en marcha un procedimiento disciplinario que podría derivar en la máxima sanción prevista por el régimen militar: la destitución.
La decisión fue adoptada por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, luego de que una investigación administrativa interna permitiera reconstruir una serie de movimientos considerados irregulares. El expediente también derivó en una denuncia ante la Justicia Federal, que deberá establecer si existieron delitos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
El caso involucra, hasta el momento, a 23 beneficiarios. De ese total, diez son integrantes de la Armada y los otros 13 son civiles o personas que no pertenecen a la fuerza. Todos los militares alcanzados por las actuaciones fueron separados de las funciones que desempeñaban y quedaron sometidos a un procedimiento disciplinario que comenzó formalmente el 16 de septiembre.
La cifra actualizada modifica las primeras versiones que hablaban de nueve efectivos apartados. La Armada precisó posteriormente que son diez los militares involucrados en las actuaciones internas.
La investigación se originó a partir de 645 acreditaciones indebidas detectadas en el sistema de liquidación de haberes. De acuerdo con la información incorporada al expediente, el monto total de las operaciones cuestionadas asciende a $981.148.567,88, una cifra que representa la dimensión económica que adquirió la maniobra bajo investigación.
Por el momento, la separación de los militares no implica una destitución automática. La Armada inició una instrucción disciplinaria por una falta considerada de carácter “gravísimo”, y dentro de ese procedimiento se analizará individualmente la conducta de cada uno de los involucrados.
La eventual expulsión de la fuerza constituye la máxima sanción que podría aplicarse en el ámbito disciplinario. Sin embargo, antes de tomar una decisión definitiva deberán reunirse y analizarse las pruebas, recibir los descargos de los militares involucrados y garantizarse el derecho de defensa.
Para conducir la instrucción ya fue designado un abogado militar. Además, durante el desarrollo del procedimiento se definirán las autoridades encargadas de evaluar los elementos reunidos y determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
La decisión se tomó luego de una instrucción impartida por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, quien intervino cuando la investigación administrativa comenzó a revelar la magnitud de las irregularidades.
El funcionario sostuvo públicamente que el caso debe ser investigado sin trasladar las conductas atribuidas a un grupo de personas al conjunto de la institución. En ese sentido, destacó la necesidad de preservar el prestigio de la Armada mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.
Presti también indicó que había instruido al jefe de la Armada para avanzar con los mecanismos disciplinarios previstos por la normativa militar y evaluar la aplicación de las sanciones correspondientes.
De todos modos, la decisión final no depende exclusivamente de esa orden política. El procedimiento interno deberá cumplir las distintas etapas previstas y analizar de manera individual la situación de cada integrante involucrado antes de establecer una eventual sanción.
En paralelo, el caso tiene un segundo frente en la Justicia Federal. La Armada presentó el 15 de septiembre una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, para que se investiguen las posibles responsabilidades penales derivadas de las operaciones detectadas.
La investigación judicial tendrá un alcance diferente al procedimiento disciplinario. Mientras la Armada debe determinar si sus integrantes incurrieron en faltas contempladas por el régimen militar, la Justicia Federal deberá establecer si los hechos podrían constituir delitos, identificar a quienes hayan participado y determinar las responsabilidades penales que correspondan.
La existencia de ambos procesos significa que una misma situación puede ser analizada desde dos ámbitos diferentes. La investigación administrativa apunta al comportamiento de los integrantes de la fuerza y a las eventuales sanciones internas, mientras que el expediente judicial se concentra en determinar si hubo una conducta delictiva.
Uno de los principales elementos de la causa es el volumen de las operaciones detectadas. Las 645 acreditaciones bajo análisis representan casi $981 millones, según el monto reconstruido hasta el momento. La investigación deberá establecer cómo se produjeron esas acreditaciones, quiénes tuvieron acceso al sistema, quiénes resultaron beneficiados y qué mecanismos fueron utilizados.
El universo identificado incluye tanto personal militar como personas ajenas a la institución. Por ese motivo, la investigación judicial deberá avanzar sobre las relaciones existentes entre los distintos beneficiarios y las operaciones que aparecen bajo análisis.
La denuncia presentada por la Armada permitirá que la Justicia Federal determine el alcance penal de los hechos, independientemente de las conclusiones a las que llegue el procedimiento disciplinario interno.
Mientras tanto, los diez militares alcanzados por las actuaciones permanecen apartados de las funciones que desempeñaban. La situación de cada uno será analizada dentro del proceso disciplinario iniciado por la fuerza.
El caso representa una de las investigaciones recientes de mayor impacto dentro de la Armada Argentina por el volumen de dinero involucrado y por la cantidad de operaciones detectadas. Sin embargo, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial deberán cumplirse las distintas etapas antes de establecer responsabilidades definitivas.
Por ahora, el proceso avanza por dos vías: una interna, que podría derivar en sanciones disciplinarias que llegan hasta la destitución, y otra judicial, que deberá determinar si existieron delitos y quiénes resultan penalmente responsables.
La investigación continúa abierta y las autoridades deberán avanzar con el análisis de la documentación, los movimientos registrados y la participación que pudo haber tenido cada una de las personas incluidas en las actuaciones.
