La Justicia Federal de La Plata desarticuló un complejo esquema de evasión impositiva que habría permitido el lavado de activos por cifras multimillonarias.
En el centro de la investigación se encuentra Natalia Romina Foresio, contadora pública nacional y empleada de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires desde febrero de 2023, y Luis Mauricio Cortazzo, su pareja y también integrante de la nómina de la Cámara de Senadores bonaerense.
Ambos están ligados al bloque político del PRO y fueron procesados por su rol como organizadores de una asociación ilícita fiscal, a la que se le atribuyen delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos por más de 40.000 millones de pesos.
La causa, instruida por el juez federal Ernesto Kreplak, se inició tras una denuncia formal presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo detectó facturación apócrifa, utilización de identidades falsas, y creación de empresas fantasma que permitían generar crédito fiscal ficticio y justificar la salida de grandes sumas de dinero del circuito formal. Foresio permanece detenida con prisión preventiva por riesgo procesal, mientras que Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti fueron liberados bajo condiciones estrictas.
De acuerdo al expediente judicial, al que tuvo acceso #BORDER, la estructura delictiva funcionó al menos desde 2020 hasta 2024, con una coordinación centralizada en el estudio contable de Foresio en La Plata. Las "usinas" de facturación apócrifa eran empresas que emitían comprobantes falsos simulando operaciones comerciales inexistentes.
Estas facturas se utilizaban para generar créditos fiscales que luego eran trasladados entre firmas hasta llegar a los verdaderos beneficiarios: sociedades reales que disminuían así su carga impositiva legal.
El esquema operaba en cadena: empresas A (usinas) facturaban a empresas B, que a su vez facturaban a empresas C, simulando una operatoria lícita pero ficticia. En cada eslabón, se aprovechaban créditos fiscales apócrifos, generando una neutralización contable que impedía la detección por parte de los controles automáticos de la ARCA.
