La Policía Federal detuvo este miércoles a un hombre de 37 años acusado de amenazar a la senadora nacional Patricia Bullrich a través de redes sociales. La causa, que se inició meses atrás tras la detección de publicaciones con contenido violento, derivó en un allanamiento donde se incautó un importante número de objetos vinculados a la investigación, entre ellos réplicas de armas largas, pistolas, equipos tecnológicos y distintos elementos de uso táctico.
El procedimiento fue ordenado por el magistrado interviniente en el marco de una causa por presuntas amenazas e intimidación pública. Según se informó oficialmente, desde mayo de 2025 se seguía la actividad de un usuario que difundía imágenes y videos con mensajes agresivos dirigidos a la exministra de Seguridad, actualmente integrante del espacio político La Libertad Avanza.
Entre las publicaciones que encendieron las alarmas de los investigadores se encontraba una imagen del rostro de la dirigente acompañada por frases de odio, con consignas que llamaban a la violencia contra “enemigos del pueblo”. A partir de allí, se activaron tareas de inteligencia digital para establecer la identidad del responsable y determinar si existía un riesgo concreto.
Tras reunir pruebas suficientes, se solicitó la orden judicial para allanar el domicilio del sospechoso. En el lugar, los efectivos secuestraron réplicas de un fusil de asalto tipo AK-47, cinco pistolas de distintos calibres, cuatro cascos similares a los de uso militar y máscaras antigas. Si bien varias de las armas serían de utilería o réplica, todo el material quedó bajo análisis para determinar su aptitud y posible utilización.
Además, en la vivienda se encontraron cinturones con municiones de grueso calibre, dos cuchillos de grandes dimensiones y una serie de dispositivos electrónicos que ahora serán peritados. Entre ellos había cinco teléfonos celulares, notebooks y otros equipos informáticos que podrían resultar clave para profundizar la investigación sobre la actividad en redes sociales y eventuales contactos.
Los investigadores también incautaron botellas de vidrio, sogas y diversos elementos que, según se detalló, podrían ser utilizados para la fabricación de artefactos incendiarios de elaboración casera. Todo ese material fue incorporado al expediente para determinar si formaba parte de un plan concreto o si se trataba simplemente de objetos sin vinculación directa con las amenazas.
En el domicilio se hallaron además banderas y pines con consignas políticas, algunas con mensajes dirigidos contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios nacionales. También había banderas vinculadas a movimientos antifascistas y una bandera palestina, elementos que los investigadores consideran relevantes para trazar el perfil ideológico del detenido, aunque por el momento la imputación se centra exclusivamente en las amenazas difundidas por medios digitales.
La causa quedó caratulada como “Amenazas e Intimidación Pública”, un delito que contempla penas de prisión en caso de comprobarse la responsabilidad penal. El hombre permanece a disposición de la Justicia mientras se analizan los dispositivos secuestrados y se profundiza el estudio del contenido publicado en redes.
En los últimos años, las amenazas a funcionarios públicos a través de plataformas digitales se convirtieron en un fenómeno creciente en la Argentina. La facilidad para difundir mensajes de manera anónima o bajo perfiles falsos obliga a las fuerzas federales a reforzar los mecanismos de ciberpatrullaje y rastreo informático. En este caso, el seguimiento permitió individualizar al presunto autor y avanzar con medidas concretas.
El episodio vuelve a poner en debate los límites entre la libertad de expresión y los discursos que incitan a la violencia. Si bien la crítica política forma parte del sistema democrático, cuando los mensajes incluyen amenazas explícitas o llamados a la agresión física, la intervención judicial se vuelve inevitable.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el análisis de los dispositivos electrónicos será determinante para establecer si el acusado actuó en soledad o si mantenía contacto con otras personas que compartieran o alentaran ese tipo de publicaciones. También se evaluará si existieron intercambios privados que agraven la situación procesal.
El procedimiento se enmarca en una política de tolerancia cero frente a las intimidaciones contra autoridades nacionales. Desde el entorno de la senadora remarcaron la importancia de que estos hechos no queden impunes y que se envíe un mensaje claro respecto de las consecuencias legales que puede acarrear la violencia verbal cuando cruza determinados límites.
Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de esclarecer por completo el alcance de las amenazas y descartar cualquier riesgo adicional. La Justicia deberá definir en los próximos días la situación procesal del detenido, en función de las pruebas recolectadas y los resultados de las pericias en curso.
El caso reaviva la preocupación por el clima de confrontación que se vive en el escenario político argentino, donde las redes sociales se transformaron en un terreno fértil para la radicalización de discursos. Las autoridades insisten en que la vía institucional es el único camino válido para canalizar diferencias y que cualquier manifestación que promueva la violencia será investigada.
Por ahora, el hombre de 37 años permanece detenido, imputado por amenazas contra Patricia Bullrich, a la espera de las definiciones judiciales que marcarán el rumbo de una causa que combina política, redes sociales y seguridad.
