La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, y ahora la iniciativa deberá regresar al Senado para su tratamiento. La votación terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, en medio de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.
La propuesta contempla cambios en las reglas de expropiación, facilita los procedimientos de desalojo y restablece restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El oficialismo defendió la reforma como una herramienta para garantizar la seguridad jurídica, mientras que distintos bloques opositores cuestionaron sus posibles consecuencias sociales.
El debate se desarrolló durante una extensa sesión en la que también se incluyeron iniciativas vinculadas con la discapacidad, el endeudamiento de los hogares, la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y el vandalismo rural.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Santiago Santurio sostuvo que el Estado no puede apropiarse de bienes de manera arbitraria y remarcó la importancia de proteger la propiedad privada. Según afirmó, el respeto por ese derecho resulta fundamental para generar inversiones y brindar previsibilidad.
En la vereda opuesta, Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuestionó el alcance de la iniciativa y advirtió sobre el impacto que podrían tener las medidas relacionadas con los desalojos. La legisladora vinculó esos cambios con los conflictos habitacionales y la concentración de propiedades en manos de grandes grupos inmobiliarios.
También rechazó los desalojos de familias y recordó el caso de una jubilada española de 87 años que murió después de ser expulsada de su vivienda. En ese marco, sostuvo que la propuesta representa un retroceso en materia de derechos sociales.
Las críticas se extendieron a otros sectores de la oposición. El diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva cuestionó al oficialismo por sus políticas y mencionó la situación de las personas con discapacidad, los jubilados, las universidades y los sectores más vulnerables.
Por su parte, el radical Pablo Juliano criticó los cambios de postura del Gobierno respecto de la regulación de las tierras rurales y cuestionó la decisión de restablecer restricciones para compradores extranjeros.
En contraste, la diputada radical Pamela Verasay anticipó el acompañamiento de su bloque al temario, aunque advirtió sobre el uso electoral del debate parlamentario. Planteó que el Gobierno necesita herramientas para gestionar, pero consideró que deben estar correctamente diseñadas.
La oficialista Patricia Vázquez también defendió el proyecto y sostuvo que la propiedad privada debe funcionar como una garantía frente al poder estatal. Además, remarcó que la seguridad jurídica y la previsibilidad son condiciones necesarias para el desarrollo económico.
Con la aprobación en Diputados, la iniciativa quedó sujeta a una nueva instancia legislativa. El Senado deberá analizar las modificaciones introducidas antes de determinar si el proyecto se convierte en ley.
Mientras tanto, el oficialismo también busca reunir respaldos para avanzar con otras propuestas incluidas en la sesión, entre ellas la vinculada con la emergencia en discapacidad, en un escenario de negociaciones y diferencias entre los bloques.
