La Cámara de Diputados convirtió en ley la autorización para cancelar los últimos compromisos pendientes vinculados al default de 2001. Con 139 votos afirmativos y 97 negativos, el cuerpo legislativo aprobó el desembolso de USD 171 millones destinado a los acreedores que permanecían fuera de los procesos de reestructuración de deuda realizados por la Argentina durante las últimas dos décadas.
La decisión llegó en un contexto de urgencia, ya que el acuerdo de conciliación alcanzado con los fondos involucrados debía recibir aval parlamentario antes del 30 de junio de 2026 para entrar en vigencia. Con la sanción de la norma, el Estado nacional queda habilitado para ejecutar los pagos y dar por finalizado uno de los capítulos judiciales más prolongados derivados de la crisis económica y financiera que estalló a fines de 2001.
Los fondos que recibirán los desembolsos son Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Ltd., dos de los acreedores que continuaban litigando por títulos públicos impagos. Según los términos establecidos, el primero percibirá USD 104 millones, mientras que el segundo cobrará USD 67 millones.
Desde el oficialismo destacaron que el entendimiento permitirá cerrar definitivamente los reclamos pendientes en tribunales internacionales y reducir riesgos para activos estratégicos del Estado. Entre los efectos inmediatos del acuerdo figura el levantamiento de medidas judiciales que afectaban bienes públicos y participaciones accionarias vinculadas a empresas de relevancia nacional.
Además, el convenio contempla una reducción cercana al 30% respecto de los montos originalmente reclamados en las sentencias. También excluye el pago de costos judiciales adicionales y establece que los demandantes deberán desistir de futuras acciones legales relacionadas con estos títulos.
La iniciativa obtuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales. En contraste, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros espacios opositores rechazaron el proyecto al considerar que la medida implica una nueva erogación de recursos públicos para resolver compromisos heredados de anteriores crisis financieras.
Durante el debate también surgieron cuestionamientos vinculados al mecanismo de financiamiento. Algunos legisladores señalaron que la ley no especifica una partida presupuestaria concreta para afrontar el desembolso, una observación que ocupó parte de la discusión parlamentaria antes de la votación.
Más allá de las diferencias políticas, la aprobación representa un paso decisivo para cerrar un conflicto que atravesó distintos gobiernos y etapas económicas. Desde la declaración de cesación de pagos en 2001, la Argentina impulsó varias reestructuraciones de deuda que lograron la adhesión de la mayoría de los acreedores, aunque un grupo reducido decidió continuar los reclamos por la vía judicial.
Con esta definición legislativa, el país busca poner punto final a los litigios remanentes y dejar atrás un expediente que durante años condicionó negociaciones financieras y generó controversias en los mercados internacionales. La medida marca el cierre formal de las últimas disputas vinculadas al mayor default soberano de la historia argentina.
