Desde las 11 horas de jueves, tendrá lugar la primera sesión del 2026 en la Cámara de Diputados con dos iniciativas que el Gobierno pretende sancionar con amplitud: el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y el Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
El proyecto mayoritario alcanzó 81 firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal (estos dos últimos en disidencia). Propone actividades educativas, recreativas y deportivas, además de atención médica y de contención por adicciones. En ese marco, determina informes trimestrales de las autoridades pertinentes y establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena.
Por otro lado, Unión por la Patria presentó dos dictámenes (uno que sostiene la actual edad de imputabilidad y otro del sector massista que la baja a 14 años); la conducción de Provincias Unidas tuvo su propio proyecto (también reduce a 14); y dos iniciativas de rechazo: una del Frente de Izquierda y otro del peronista catamarqueño Sebastián Nóblega.
En cuanto a la propuesta de Mercosur, que cuenta con 3.039 páginas, plantea como objetivos "establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión". Tuvo 46 firmas de apoyo.
Régimen Penal Juvenil: cuál es el presupuesto
Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303. "Nada de lo presupuestario sale si no tiene el aval del Ministerio de Economía", aseguró a este medio uno de los negociadores oficialistas del Régimen Penal Juvenil.
En su definición, el presupuesto destina más de $20.000 millones para la Defensoría General de la Nación, que garantizaría la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los "supervisores", las figuras de autoridad "a cargo del seguimiento, asistencia y control del adolescente".
Asimismo, para los gastos de infraestructura y profesionales, se establece que la Nación y los distritos "podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción".
