En medio del caliente debate por la reforma laboral en el Senado argentino, la senadora salteña Flavia Royón salió al cruce de las posturas más radicales.
Para ella, ni esta ley va a ser la panacea que resuelva todos los problemas del empleo en Argentina, ni tampoco va a destruir puestos de trabajo como algunos gritan. Lo que hace falta, según planteó, es un esquema económico más grande, con estabilidad macro, seguridad jurídica y una visión que mire al interior del país, donde las realidades son bien distintas.
Royón no se anduvo con vueltas al pintar el panorama laboral actual: en Argentina hay unos 12 millones de laburantes formales, pero casi 5,6 millones están en la informalidad, lo que representa casi la mitad del total. Negar esto es como tapar el sol con la mano, dijo, y vinculó esa precariedad a la pesada carga impositiva y a la informalidad general de la economía. Por eso, insistió en que no se puede hablar de reforma laboral sin meter en la misma bolsa una discusión seria sobre impuestos y jubilaciones, para atacar el problema de raíz.
Aunque admitió que el proyecto no es perfecto, valoró el laburo en comisiones, donde se metieron 28 cambios después de charlas con diferentes bloques. Para la senadora, esta iniciativa moderniza las reglas del juego y obliga a renegociar convenios colectivos que ya están viejos, algunos con más de 40 años encima, para adaptarlos a la tecnología y la productividad de hoy en día en Argentina.
En ese sentido, defendió la flexibilidad horaria y el banco de horas, aclarando que no se trata de jornadas eternas de 12 horas, sino de una adaptabilidad dentro de los límites que marca la ley. Esto, según ella, ayuda a que las empresas y los trabajadores se pongan de acuerdo en un contexto donde el empleo en Argentina necesita más dinamismo sin perder derechos.
Otro punto que resaltó es la reducción de la litigiosidad, que tanto complica a las pymes y grandes firmas por igual. El texto del proyecto, explicó, da más claridad sobre qué se paga en indemnizaciones y propone formas de bajar los juicios por accidentes laborales, lo que podría traer más previsibilidad al mercado de trabajo argentino.
Sin embargo, Royón fue clara en sus rechazos: no va a bancar el Fondo de Asistencia Laboral porque, para ella, eso socializa el riesgo de los empresarios y podría tocar fondos de la ANSES sin una charla previa sobre el sistema previsional. Tampoco le cierra el capítulo impositivo, y cuestionó que no haya un debate de fondo entre Nación y provincias sobre cómo se reparten los impuestos y la coparticipación. Al final, pidió que la sesión deje un mensaje coherente, enfocada en bajar las barreras para formalizar el empleo en Argentina, donde los empleadores ya no tendrán excusas para no registrar, el Estado debe apretar con los controles, y los sindicatos recuperar fuerza para pelear por salarios dignos y puestos de calidad.
