El Gobierno nacional prepara una denuncia penal contra los manifestantes detenidos durante los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la marcha universitaria. La jornada dejó al menos 25 personas detenidas, ocho efectivos de seguridad heridos y destrozos estimados en $90 millones.
El Ministerio de Seguridad trabaja en la presentación judicial y recopila fotografías y videos para identificar a los responsables de las agresiones y los daños en el espacio público.
La denuncia contempla posibles delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. El material reunido será clave para individualizar a los involucrados y respaldar las acusaciones ante la Justicia.
Entre los detenidos se encuentra un adolescente de 14 años, aprehendido por la Policía de la Ciudad en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre, señalado por arrojar piedras contra un móvil policial. Por su edad, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, que dispuso la participación del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.
Los enfrentamientos también dejaron ocho integrantes de las fuerzas de seguridad lesionados. Según el detalle oficial, cuatro pertenecían a Gendarmería Nacional, dos a Prefectura Naval y otros dos a la Policía Federal.
Los efectivos fueron alcanzados por piedras y otros objetos contundentes arrojados por grupos que se apartaron de la columna principal de manifestantes y protagonizaron los episodios de mayor tensión.
En paralelo, un relevamiento preliminar del Gobierno porteño calculó en $90 millones los daños ocasionados en la Plaza de los Congresos y sus alrededores. Entre los sectores afectados figuran veredas, canteros, espacios verdes y mobiliario urbano.
La movilización había sido convocada en defensa de la educación pública universitaria, pero durante la tarde se produjeron enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas desplegadas para custodiar el perímetro del Congreso.
Con la denuncia en preparación, el Gobierno busca avanzar judicialmente contra quienes resulten responsables de los hechos. La investigación deberá determinar la participación de cada involucrado y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
