La Justicia suspendió provisoriamente las multas diarias contra el Gobierno por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la apelación oficial con efecto suspensivo, por lo que las sanciones quedarán en pausa hasta que avance la revisión judicial.
La medida alcanza las multas de $100.000 por día que el juez Martín Cormick había impuesto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante la falta de cumplimiento de una cautelar vinculada con los salarios universitarios y las becas estudiantiles.
El tribunal hizo lugar a un planteo del Ministerio de Capital Humano y ordenó que el recurso presentado por el Estado sea tramitado con efecto suspensivo. De esta manera, las sanciones no podrán ejecutarse mientras se analiza la apelación.
La controversia se originó por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización de los salarios del personal docente y no docente, además de garantizar los recursos destinados a las becas.
El 6 de octubre, Cormick había declarado inconstitucional la condición impuesta por el Poder Ejecutivo para aplicar la norma y ordenado su cumplimiento. El Gobierno cuestionó esa decisión y sostuvo que la cautelar ya había sido cumplida, por lo que solicitó frenar las sanciones.
Sin embargo, el magistrado había rechazado ese pedido y mantenido las multas ante el incumplimiento del plazo establecido. Ahora, la Cámara habilitó la revisión del planteo oficial y dejó las sanciones en suspenso.
El conflicto judicial comenzó con una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la ley a que el Congreso identificara las fuentes de financiamiento.
La decisión de la Cámara no resuelve la discusión de fondo ni determina si el Estado cumplió efectivamente con la medida cautelar. Tampoco invalida la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación continúa siendo el eje de la disputa.
