El Gobierno nacional resolvió declarar persona non grata a un diplomático iraní y le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas, en una medida que profundiza el conflicto bilateral y marca un nuevo pico de tensión con Teherán. La decisión fue comunicada por la Cancillería luego de un duro pronunciamiento del régimen iraní contra la Argentina.
El funcionario afectado es el encargado de negocios de la embajada de Irán, cuyas credenciales habían sido aceptadas en 2021. Desde el Ejecutivo consideraron que sus recientes declaraciones, en línea con el gobierno de su país, resultan incompatibles con su rol diplomático.
La medida se adoptó como respuesta directa a un comunicado oficial iraní que cuestionó con dureza la decisión argentina de declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica. Según la Cancillería, ese pronunciamiento incluyó acusaciones “falsas e improcedentes” y representó una intromisión en asuntos internos.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que no tolerará manifestaciones que distorsionen decisiones soberanas ni que intenten condicionar la política exterior del país. Además, remarcaron que la determinación se ajusta al derecho internacional y al marco legal vigente en la Argentina.
El conflicto escaló en los últimos días luego de que el Ejecutivo avanzara con la inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas. Se trata de una estructura clave dentro del sistema político y militar iraní, con fuerte influencia en áreas estratégicas.
Desde Teherán, la respuesta no se hizo esperar. Las autoridades iraníes calificaron la decisión argentina como ilegal, la vincularon a presiones externas y la consideraron un agravio hacia su población. También apuntaron contra la conducción política argentina con términos duros, lo que terminó de tensar el escenario.
Frente a esto, la Cancillería redobló su postura y señaló que las acusaciones constituyen una tergiversación deliberada de los hechos. A su vez, subrayó que el país actúa en defensa de sus intereses y en línea con compromisos internacionales en materia de seguridad.
Uno de los puntos centrales que volvió a aparecer en el trasfondo del conflicto es la causa AMIA. El Gobierno destacó la falta de colaboración de Irán con la Justicia argentina a lo largo de los años y recordó el incumplimiento de pedidos de captura internacional contra ciudadanos iraníes vinculados al atentado.
También se expresó preocupación por la presencia de personas buscadas por la Justicia en cargos relevantes dentro de estructuras vinculadas al poder iraní. Para las autoridades argentinas, este escenario refuerza la necesidad de adoptar medidas firmes en el plano diplomático.
En ese contexto, la expulsión del diplomático aparece como un gesto político claro, orientado a marcar límites frente a lo que consideran agravios y falta de cooperación. La decisión fue respaldada desde lo más alto del Gobierno y difundida públicamente como señal de firmeza.
Más allá del impacto inmediato, el episodio abre un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, con un vínculo que sigue condicionado por antecedentes judiciales, diferencias políticas y posicionamientos internacionales.
Desde el Ejecutivo reiteraron que la Argentina mantiene su compromiso con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo. Al mismo tiempo, insistieron en la necesidad de sostener una política exterior basada en el respeto al derecho internacional y la defensa de la soberanía nacional.
