El gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa vuelve a insistir con un proyecto para rebajar la jornada laboral legal hasta las 36 horas semanales, con la intención de seguir sumando proyectos que le caen bien a la gente de cara a las elecciones de octubre.
Este martes se tratará en el Congreso una versión del proyecto. Si bien existen una serie de borradores entre los distintos bloques del espacio oficialista, la propuesta más extremista promete rebajar la jornada semanal a 36 horas, aunque existen otros que plantean un tope en torno a las 40 horas.
Esto conforma otra medida más en el arsenal desplegado por Massa para tratar de entrar en el ballotage. La justificación oficial del proyecto consiste en argumentar que la jornada laboral es de hecho (y no solamente por una ley) más baja en los países más desarrollados del planeta. Asimismo, se postula que el proyecto eventualmente “apuntalará la productividad” aunque sin ningún sustento serio.
Si bien es correcto afirmar que en las economías desarrolladas la jornada laboral es drásticamente inferior al que tienen las economías en vías de desarrollo como la Argentina, es un error usual pensar que esto se debe a un mero tecnicismo legal ofrecido por los políticos.
La jornada laboral se reduce de manera natural en respuesta a las mayores tasas de capitalización a las que pueden acceder los trabajadores de un país. Esto es, la mayor inversión en capital físico (maquinaria, equipo pesado, avances en la tecnología) y capital humano (educación superior, capacitación profesional, etc).
Es por medio de estas fuentes que los trabajadores se vuelven más productivos y, con ello, pueden disfrutar de una menor jornada laboral para producir más bienes y servicios. Esto no funciona al revés: forzar la reducción de la jornada laboral no incentiva la productividad, sino que por el contrario la penaliza.
La cantidad de horas semanales que trabajan en promedio los ciudadanos en Noruega asciende a un total de 34, lo mismo ocurre en países como Finlandia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria. Otros países como Francia, Italia, Suecia, Irlanda y España mantienen jornadas laborales semanales de 36 horas en promedio.
Pero ninguno de estos países consiguió tales umbrales por manifestarlo en una ley, sino que hubo la necesidad de acumular décadas de inversión en capital para poder afianzar un nivel de productividad compatible con tales jornadas reducidas. El Estado no permitió afianzar este proceso, sino que fue la innovación propia de la economía de mercado la que favoreció la disminución de las horas de trabajo.
Incluso si estos países establecieran una ley obligando a las empresas a respetar una jornada laboral de 36 horas, el impacto podría ser prácticamente nulo debido a que el mercado ya inspiró estos parámetros hace mucho tiempo. El caso argentino es diferente, la productividad argentina está muy lejos de ser la que alcanza cualquier país europeo.
La disminución forzada de la jornada laboral en Argentina sólo multiplicará los incentivos para la contratación informal, y eventualmente una mayor tasa de desocupación abierta. Esto se suma a los estándares extremadamente rígidos de la legislación laboral argentina, que no sufrió reformas estructurales significativas desde el año 1974 cuando se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo.
