El proyecto de la nueva Ley de Discapacidad consiguió dictamen en el Senado y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, establece un sistema permanente de financiamiento y prestaciones para el sector. El oficialismo pretende convertirla en ley durante la sesión prevista para el próximo 19 de noviembre.
El despacho fue firmado este miércoles durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. El avance se produjo luego de las negociaciones entre los distintos bloques para alcanzar acuerdos sobre los recursos destinados a garantizar el funcionamiento del sistema.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado y sostuvo que la propuesta busca brindar previsibilidad a las personas con discapacidad y sus familias.
También defendió la incorporación de auditorías y mecanismos de fiscalización para controlar las prestaciones, evitar irregularidades y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.
Entre las herramientas previstas se encuentran procedimientos más ágiles para que los beneficiarios puedan presentar descargos ante eventuales suspensiones. Además, se contempla la intervención de organismos nacionales, provinciales y municipales en el seguimiento del sistema.
Sin embargo, el proyecto también recibió cuestionamientos de sectores opositores. La senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, cuestionó que la iniciativa no haya sido debatida previamente con las organizaciones y los organismos vinculados con la discapacidad.
Por su parte, Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, expresó críticas a la política del Gobierno hacia el sector, aunque adelantó que acompañaría el dictamen para evitar que quede sin efecto la protección establecida por la emergencia vigente.
Qué cambia con la nueva ley
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, propone reemplazar el esquema de emergencia por un régimen estable de prestaciones y financiamiento.
Uno de sus puntos centrales establece la compatibilidad de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad con el empleo formal y otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
También garantiza la continuidad del programa Incluir Salud y contempla las partidas presupuestarias necesarias para sostener su funcionamiento.
En cuanto a los controles, el proyecto establece que cualquier suspensión de beneficios deberá notificarse formalmente. Los afectados tendrán un plazo de 60 días para presentar su descargo, que deberá ser evaluado por la autoridad correspondiente antes de resolver cada situación.
Otro aspecto importante es la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas.
Financiamiento y deudas con prestadores
Uno de los principales puntos de negociación fue garantizar los recursos para sostener las prestaciones. El texto establece que el Ministerio de Salud deberá asignar partidas específicas cada año y que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
Además, contempla fondos previstos en el proyecto de Presupuesto 2027 y establece un cronograma para regularizar las deudas pendientes con los prestadores de servicios.
Con el dictamen aprobado, la iniciativa quedó habilitada para su tratamiento en el Senado. Si consigue los votos necesarios en la próxima sesión, el país contará con un nuevo régimen permanente para el sistema de discapacidad, en reemplazo del esquema de emergencia.
