La Justicia federal avanza en una causa de alto impacto contra una tesorera del Banco Nación, acusada de haber sustraído presuntamente $40 millones mediante maniobras irregulares dentro de una sucursal bancaria. La mujer, de 36 años, también tenía responsabilidades sobre el manejo de cajas y quedó formalmente imputada por el delito de peculado, una figura penal aplicada a funcionarios o empleados que administran fondos públicos.
El expediente se originó luego de que controles internos detectaran inconsistencias en el dinero disponible en efectivo dentro de la entidad. A partir de allí se activaron auditorías urgentes, intervenciones administrativas y una investigación penal que hoy tiene a la empleada como principal sospechosa.
El caso genera fuerte repercusión en el sistema financiero argentino por tratarse de una entidad pública nacional y por el monto involucrado. También volvió a poner el foco sobre los mecanismos de seguridad y control interno en bancos estatales, una discusión que repercute en todo el país, incluida Salta, donde el Banco Nación mantiene fuerte presencia con sucursales y atención a miles de clientes.
Según la reconstrucción judicial, el faltante fue advertido el 16 de octubre del año pasado durante un arqueo rutinario. Las diferencias detectadas encendieron las alarmas y al día siguiente intervino la Gerencia Zonal correspondiente, que confirmó la ausencia de una suma millonaria en el tesoro de la sucursal.
Desde ese momento comenzaron a reunirse pruebas documentales y testimoniales para determinar qué había ocurrido con los fondos. Entre los elementos incorporados al expediente figuran registros contables, declaraciones de empleados y grabaciones de cámaras de seguridad internas, consideradas claves para seguir la trazabilidad de los movimientos.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, una de las maniobras investigadas ocurrió el 31 de julio, cuando la tesorera habría retirado dinero del llamado “tesoro reserva” y lo habría ocultado en una bolsa antes de retirarse del lugar. Posteriormente, se habría realizado un movimiento contable interno por $10 millones desde otro sector del tesoro hacia un cajero automático, una operación que, para los investigadores, buscaba encubrir el faltante real.
Otro episodio bajo análisis se registró el 8 de agosto. Allí, según la acusación, se habrían retirado fajos de billetes de $20.000 desde el denominado “tesoro libre”, dinero que luego habría sido utilizado para cancelar deudas personales vinculadas a tarjetas de crédito por una cifra cercana a $16 millones.
Además, la pesquisa sostiene que también se habrían efectuado movimientos virtuales por montos similares con el objetivo de equilibrar registros y evitar que las diferencias fueran detectadas de inmediato por los controles habituales.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es que los datos surgidos de cámaras de seguridad habrían coincidido con comprobantes de pagos vinculados a la sospechosa. Esa conexión entre registros bancarios y operaciones personales fortaleció la línea investigativa seguida por la fiscalía.
En paralelo, el sumario administrativo interno también habría confirmado inconsistencias importantes en el manejo del dinero físico dentro de la sucursal. Esa documentación fue incorporada a la causa penal como parte de la evidencia reunida.
Testimonios de empleados también describieron momentos de tensión cuando comenzó a detectarse el faltante. Uno de los trabajadores declaró que durante el arqueo la mujer se encontraba en estado de shock y visiblemente afectada emocionalmente.
La causa quedó en manos de la Justicia federal, que ya dispuso medidas patrimoniales preventivas. Entre ellas, el embargo de la vivienda de la imputada y la inhibición general de bienes, lo que impide vender o transferir propiedades mientras avance el proceso.
También se fijó un plazo de 90 días para profundizar la investigación y producir nuevas pruebas. Durante ese período podrían incorporarse pericias contables, análisis de movimientos bancarios y declaraciones adicionales de personal de la entidad.
El delito atribuido es peculado, una figura penal grave prevista para quienes, aprovechando funciones públicas o administración de bienes estatales, se apropian de fondos bajo su custodia. Las penas contemplan entre dos y diez años de prisión, además de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
El Banco Nación se presentó como querellante dentro del expediente, lo que significa que participa activamente del proceso judicial buscando esclarecer lo ocurrido y recuperar eventuales perjuicios económicos.
Por ahora, la imputación recae exclusivamente sobre la tesorera, aunque la fiscalía no descarta seguir analizando posibles responsabilidades vinculadas a fallas en los controles internos o eventuales omisiones administrativas.
La acusada actualmente se encuentra con licencia médica, mientras la investigación continúa. No trascendieron públicamente declaraciones de su defensa sobre los cargos formulados.
El caso impacta porque vuelve a exponer un problema sensible para la sociedad argentina: la confianza en las instituciones financieras públicas. En momentos donde miles de usuarios utilizan bancos estatales para cobrar sueldos, jubilaciones, créditos y programas oficiales, cualquier denuncia de esta magnitud genera preocupación inmediata.
En provincias como Salta, donde Banco Nación cumple un rol central en asistencia crediticia, operaciones agropecuarias y atención minorista, noticias de este tipo repercuten con fuerza entre clientes y trabajadores del sector.
Durante los próximos meses, la causa entrará en una etapa decisiva. Si la fiscalía logra consolidar las pruebas reunidas, podría avanzar hacia una acusación formal más sólida y eventual elevación a juicio. Si surgen nuevas líneas de investigación, también podrían ampliarse responsabilidades.
Por ahora, lo cierto es que un faltante de $40 millones derivó en uno de los expedientes más resonantes del año dentro del sistema bancario argentino.
