El concejal Manuel Sosa y Maximiliano Romero, del Tribunal de Cuentas, fueron los que pusieron el tema sobre la mesa y generaron un fuerte revuelo en la ciudad cordobesa. Los números son elocuentes: el promedio por bandera supera el millón de pesos, una cifra que resulta difícil de justificar para cualquier vecino que hace malabares con la plata todos los días.
Desde la Secretaría de Educación, a cargo de Adela Guirardelli, salieron a defender la operación y aseguraron que los fondos se destinaron efectivamente al equipamiento de las escuelas. Sin embargo, la explicación no alcanzó a calmar las críticas y, por el contrario, abrió más interrogantes sobre los criterios de compra y los controles internos en la Municipalidad de Villa María.
En un contexto donde una bandera argentina de buena calidad se puede conseguir en el mercado por valores que rondan los 25 mil pesos, el gasto municipal multiplica varias veces ese precio. Con los 120 millones invertidos, según cálculos simples, se podrían haber adquirido miles de unidades de excelente calidad para todos los establecimientos educativos de la ciudad.
La polémica vuelve a poner en discusión el manejo de los recursos públicos en Villa María, un tema sensible en una Argentina donde cada peso cuenta y donde las compras estatales suelen generar desconfianza entre los contribuyentes. Mientras tanto, desde la oposición piden que se investigue a fondo el proceso de adquisición, desde la licitación hasta la entrega efectiva de los elementos.
Hasta el momento, el intendente Accastello no realizó declaraciones públicas sobre el caso, que ya se convirtió en uno de los temas más comentados en la agenda local. Los vecinos esperan respuestas concretas que expliquen por qué el valor unitario de estas banderas supera ampliamente cualquier referencia del mercado.
