El Gobierno nacional, a través de la Casa Militar, inició acciones legales contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno tras la emisión de un informe televisivo grabado dentro de la Casa Rosada. La denuncia quedó radicada en los tribunales de Comodoro Py, bajo la órbita del juez Ariel Lijo, y se fundamenta en la presunta divulgación de secretos políticos y militares.
Según el escrito, el material difundido en el programa “¿Y mañana qué?” de TN mostró sectores “restringidos” del palacio presidencial, incluyendo sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y dispositivos de control de acceso. Para la Casa Militar, esa información constituye un riesgo para la seguridad del Poder Ejecutivo y facilita inteligencia sobre los movimientos del Presidente.
Los motivos de la acusación
El Gobierno sostiene que los periodistas grabaron de manera furtiva y sin autorización oficial. La presentación judicial cita posibles delitos contra la seguridad nacional previstos en el Código Penal y en la Ley Nacional de Inteligencia, bajo el argumento de que el video expuso datos sensibles que deben permanecer bajo reserva.
El presidente Javier Milei, que se encontraba en Israel durante la emisión del informe, reaccionó con dureza en la red social X. Allí calificó el accionar de los periodistas como una “conducta delictiva” y reclamó sanciones. En su mensaje, escribió: “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”.
En cuestión de medidas administrativas inmediatas, además de la causa judicial, la Casa Rosada revocó la acreditación de Ignacio Salerno, impidiéndole el ingreso al edificio. La Secretaría de Comunicación y Medios calificó el hecho como una falta grave al reglamento de convivencia, que prohíbe registrar imágenes en espacios no autorizados.
El reglamento vigente establece que la transgresión de estas normas habilita la revocación de acreditaciones y considera la conducta como un riesgo para la seguridad institucional. Los responsables de seguridad nacional remarcaron que el video expuso la ubicación de despachos y salas de reuniones estratégicas, lo que representa un perjuicio para la integridad del Presidente y el funcionamiento del Ejecutivo.
