La Cámara Nacional de Casación resolvió revocar el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa en la que está imputado por un presunto abuso sexual denunciado por quien fuera su secretaria privada, Melody Rakauskas. Con esta decisión, el máximo tribunal penal del país dispuso que el expediente continúe su curso y que el juicio oral se lleve a cabo a la mayor brevedad posible.
La resolución también dejó sin efecto la decisión que había apartado a la denunciante de su rol de querellante durante la etapa previa al juicio. De esta manera, Rakauskas recuperó su participación en el proceso judicial y la causa volverá a avanzar hacia el debate oral.
El expediente tiene su origen en una denuncia presentada por hechos que, según la acusación, habrían ocurrido el 10 de mayo de 2021. De acuerdo con la versión de la denunciante, Espinoza se presentó en su departamento bajo un supuesto motivo laboral e intentó abusar sexualmente de ella. El intendente negó desde el inicio las acusaciones y sostiene su inocencia.
La decisión de Casación revirtió un fallo dictado meses atrás por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 16, que había considerado extinguida la acción penal tras apartar a la denunciante de la causa al entender que no había mantenido su condición de querellante luego de quedarse sin representación legal.
Los jueces de la Sala III del tribunal concluyeron, por mayoría, que esa decisión no estaba suficientemente fundamentada y consideraron que las circunstancias en las que la denunciante quedó sin abogado debían ser analizadas dentro del contexto procesal en el que se produjeron.
Entre los argumentos valorados por los magistrados se destacó que la falta de designación inmediata de un nuevo representante legal ocurrió en un período atravesado por las fiestas de fin de año y el inminente inicio de la feria judicial, una situación que, según el tribunal, pudo afectar el normal ejercicio de sus derechos dentro del proceso.
Además, los camaristas entendieron que las actuaciones incorporadas al expediente reflejan que la denunciante mantuvo su intención de continuar interviniendo en la causa, por lo que no correspondía interpretar que hubiera desistido de impulsar la acción penal.
Con esta resolución, el proceso judicial queda nuevamente encaminado hacia la realización del juicio oral, instancia en la que se analizarán las pruebas reunidas durante la investigación y las partes podrán exponer sus argumentos ante el tribunal.
El fallo de Casación no implica una definición sobre la responsabilidad penal del intendente de La Matanza, sino que habilita la continuidad del proceso para que los hechos denunciados sean debatidos en un juicio oral y público. Será en esa etapa donde el tribunal competente deberá evaluar las pruebas, escuchar a las partes y dictar la sentencia que corresponda conforme a derecho.
La causa continúa bajo trámite judicial y la fecha del juicio oral deberá ser fijada por el tribunal interviniente, en cumplimiento de lo dispuesto por la Cámara Nacional de Casación.
