La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y dejó firme su procesamiento por abuso sexual simple y desobediencia. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal resolvió que el planteo no era procedente porque no se dirigía contra una sentencia definitiva.
De esta forma, Espinoza deberá enfrentar un juicio oral por la denuncia presentada por su exsecretaria privada, Melody Jacqueline Rakauskas, quien lo acusó de haberla manoseado y forzado durante una reunión laboral en su departamento, en mayo de 2021. Según el expediente, la mujer relató que el jefe comunal la invitó a cenar, le pidió que le hiciera masajes y luego intentó besarla y desvestirla, pese a su resistencia.
El juez de instrucción Fernando Caunedo resolvió el procesamiento del intendente y ordenó el envío del caso a juicio, tras considerar que existían pruebas suficientes y que los intentos de la defensa por desacreditar a la denunciante no lograban desvirtuar los hechos. Los fiscales Mauricio Viera y Mónica Cuñarro coincidieron en que el proceso debía continuar.
La defensa de Espinoza había presentado distintos recursos para intentar anular la causa, todos rechazados por los tribunales superiores. Con la resolución de la Corte, el expediente quedó firme y solo resta que el tribunal oral fije la fecha del juicio.
El caso tiene alto impacto político en Buenos Aires, ya que Espinoza es uno de los dirigentes más influyentes del peronismo del conurbano. Aunque continúa al frente del municipio de La Matanza, la causa judicial complica su futuro político y deja abierta la posibilidad de una condena.
El delito de abuso sexual simple prevé penas de hasta cuatro años de prisión. A ello se suma una acusación por desobediencia, por haber incumplido una orden judicial que le prohibía acercarse a la denunciante.
La decisión de la Corte refuerza su postura de no intervenir en causas que aún no cuentan con sentencia definitiva y ratifica el principio de que los procesos judiciales deben avanzar hasta el debate oral.
