Mauricio Macri cuestionó la decisión de la Justicia bonaerense que suspendió temporalmente la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y advirtió que el fallo representa una situación “realmente muy preocupante”.
El expresidente sostuvo que los tribunales no pueden realizar un control preventivo sobre las decisiones adoptadas por el Congreso y remarcó que la norma fue aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Ejecutivo.
A través de una publicación en redes sociales, Macri calificó de “inaceptable” que un juzgado de primera instancia suspenda los efectos de una ley federal. En ese sentido, planteó que el Poder Judicial debe ejercer el control de constitucionalidad dentro del marco de causas concretas.
El dirigente del PRO también cuestionó los fundamentos utilizados por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, para disponer la medida cautelar.
La magistrada había concedido un habeas corpus preventivo colectivo y ordenado suspender durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801, apenas 48 horas después de su entrada en vigencia.
El argumento central de la resolución estuvo relacionado con la capacidad del Estado bonaerense para implementar el nuevo esquema. Según el fallo, existen dificultades vinculadas con la infraestructura y los recursos disponibles para afrontar la demanda que generaría la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de los 16 a los 14 años.
Macri cuestionó que la resolución judicial se haya basado, según planteó, en presunciones sobre lo que podría ocurrir con la implementación de la normativa. Para el exmandatario, esos argumentos no alcanzan para dejar sin efecto una ley sancionada por el Congreso.
“Simplemente, no puede hacer eso”, sostuvo al referirse a la decisión judicial. Además, consideró que se produjo una situación controvertida al quedar suspendida una norma nacional por decisión de un juzgado de primera instancia.
El fallo generó fuertes críticas dentro del oficialismo bonaerense. Desde La Libertad Avanza cuestionaron la decisión y anunciaron posibles acciones contra la magistrada, mientras que también se abrió una disputa dentro del ámbito judicial.
La Fiscalía de Lomas de Zamora apeló la resolución y pidió que sea revocada. Entre sus argumentos, planteó que la jueza habría avanzado sobre competencias propias del Poder Legislativo.
Por su parte, Pascual defendió su decisión y sostuvo que la suspensión responde a la falta de herramientas necesarias para aplicar correctamente el nuevo régimen. Desde su perspectiva, en esas condiciones, la implementación de la normativa no garantizaría un beneficio para la comunidad.
La discusión ahora quedó en manos de instancias superiores, mientras continúa el debate político y judicial sobre el alcance del nuevo Régimen Penal Juvenil y la reducción de la edad de imputabilidad en Argentina.
