El Senado de la Nación amaneció con un tablero distinto y terminó el día con una nueva mayoría consolidada. En una jugada política que se terminó de cerrar minutos antes de la sesión preparatoria, el oficialismo logró reordenar las autoridades de la Cámara alta y dejó al kirchnerismo sin representación en los principales cargos. La clave fue el movimiento de la senadora jujeña Carolina Moisés, quien rompió con el interbloque Unión por la Patria y aceptó ocupar la vicepresidencia.
La decisión no fue aislada ni improvisada. Formó parte de una estrategia articulada por Patricia Bullrich para consolidar un esquema que le permita al Gobierno reunir hasta 47 senadores propios o aliados circunstanciales, quedando a apenas un voto de los 48 necesarios para alcanzar los dos tercios. Ese número es determinante en votaciones sensibles, como la designación de integrantes de la Corte Suprema o la aprobación de reformas estructurales.
Hasta horas antes de la sesión, Moisés integraba el espacio conducido por José Mayans. Su salida, junto a otros dos senadores que también se despegaron del kirchnerismo, alteró la correlación de fuerzas. Con ese movimiento, el oficialismo pudo disputar la condición de primera minoría y, en consecuencia, quedarse con un lugar estratégico en la mesa de conducción del Senado.
La vicepresidencia que asumió Moisés era uno de los cargos más codiciados por la oposición. El lugar tiene peso institucional y político: integra la línea sucesoria y participa en la definición administrativa y parlamentaria del cuerpo. Con este nuevo esquema, el kirchnerismo quedó relegado en la estructura formal de poder, algo que generó fuerte malestar en el recinto.
Desde el bloque que conduce Mayans cuestionaron la interpretación del reglamento y hablaron de una maniobra para correrlos de escena. Más allá de las críticas, la votación avanzó y el oficialismo logró imponer su número con el acompañamiento de sectores del peronismo no kirchnerista que responden a gobernadores de distintas provincias.
Ese respaldo fue determinante. Senadores alineados con mandatarios provinciales jugaron un rol clave para inclinar la balanza. En ese grupo aparecen representantes vinculados a gobernadores del norte y del sur del país, que en los últimos meses mostraron una postura más dialoguista con la Casa Rosada. El mensaje político es claro: hay un peronismo dispuesto a negociar reformas y acuerdos puntuales, incluso si eso implica tomar distancia del kirchnerismo duro.
La nueva conformación de autoridades dejó también otras definiciones relevantes. La vicepresidencia primera quedó en manos de Carolina Losada, en representación del radicalismo, mientras que la vicepresidencia segunda fue para Alejandra Vigo, referente del peronismo no K cordobés. En tanto, Bartolomé Abdala continuará como presidente provisional del Senado, garantizando continuidad en la conducción formal del cuerpo.
La jugada cierra, además, un proceso de acercamiento entre Bullrich y Moisés que venía gestándose desde el inicio de la gestión. Aun cuando no siempre coincidieron en las votaciones —como ocurrió con la reforma laboral— mantuvieron canales de diálogo abiertos. Esa relación fue clave para concretar el acuerdo que terminó modificando la estructura de poder en la Cámara alta.
Con 47 voluntades alineadas en votaciones estratégicas, el oficialismo queda en una posición expectante. Si bien reconocen que no se trata de un bloque homogéneo ni automático —es decir, no todos acompañarán cada proyecto—, el número les permite encarar debates sensibles con mayores posibilidades de éxito. Entre ellos, se mencionan reformas vinculadas a legislación ambiental y cambios en organismos de control.
En ese sentido, uno de los próximos desafíos será la discusión de modificaciones en la ley de glaciares, una iniciativa que genera tensiones en provincias cordilleranas y que requerirá acuerdos finos. El acompañamiento del nuevo espacio que integra Moisés podría resultar decisivo.
Tras la definición de autoridades, el Senado avanzó también en la designación de los representantes ante la Auditoría General de la Nación (AGN). En este punto, a diferencia de lo ocurrido con la vicepresidencia, hubo consenso amplio. Con 70 votos afirmativos se aprobaron los nombres propuestos, reflejando que, pese a la fuerte disputa política, todavía existen áreas donde se construyen acuerdos transversales.
Juraron Mariano Piazza por el oficialismo, Francisco Javier Fernández por Unión por la Patria y Luis Naidenoff. La votación mostró que, cuando se trata de organismos de control, las negociaciones pueden encontrar puntos de equilibrio aun en un clima de polarización.
El reordenamiento en el Senado tiene impacto nacional y también repercute en las provincias. Los gobernadores observan de cerca cada movimiento porque el equilibrio en la Cámara alta es determinante para la distribución de recursos, la aprobación de acuerdos fiscales y la validación de pliegos judiciales. En un año atravesado por ajustes presupuestarios y tensiones financieras, contar con interlocutores propios en puestos clave es un activo político nada menor.
Para el kirchnerismo, la pérdida de espacios en la conducción implica un retroceso simbólico y práctico. Durante años, ese sector logró sostener posiciones centrales aun cuando no era mayoría. Esta vez, la combinación de fracturas internas y alianzas cruzadas le jugó en contra.
El escenario que se abre es dinámico. El oficialismo necesita sostener la cohesión de su nueva mayoría y administrar diferencias internas. Los bloques dialoguistas, por su parte, buscarán capitalizar su rol de árbitros en votaciones decisivas. Y el kirchnerismo intentará reorganizarse para recuperar influencia en un recinto donde la aritmética parlamentaria se volvió más ajustada que nunca.
En la política argentina, los números mandan. Y hoy el Senado muestra un equilibrio frágil pero favorable al oficialismo, que logró, con una jugada precisa, quedarse con un lugar estratégico y dejar a su principal adversario sin representación en la cúpula. El impacto de este movimiento se medirá en las próximas leyes que pasen por el recinto y en la capacidad del Gobierno de transformar esa mayoría circunstancial en decisiones concretas.
