El debate por el Presupuesto 2027 sumó una fuerte polémica en el Congreso Nacional a raíz de los artículos incluidos sobre el área de Discapacidad. La propuesta inicial enviada por el Poder Ejecutivo contemplaba modificaciones sustanciales en el acceso a las pensiones no contributivas y en los esquemas de pago a los prestadores del sector, lo que desencadenó un inmediato malestar entre los bloques parlamentarios del PRO, la UCR y bancadas provinciales.
Ante este escenario, la conducción del oficialismo decidió dar marcha atrás con la redacción original y reabrir las negociaciones para acordar un texto alternativo.
El contrapunto comenzó al revisarse la letra chica del proyecto general de gastos e ingresos. El texto planteaba restaurar la figura de invalidez laboral para otorgar los beneficios económicos —fijándolos en un 70% de la jubilación mínima— y eliminaba la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de aprobación.
Asimismo, establecía la incompatibilidad entre la pensión y la inserción en el mercado de trabajo formal, al tiempo que dejaba sin efecto el arancel único para las prestaciones básicas de salud y asistencia.
Esta serie de medidas no solo tomó por sorpresa a las bancadas aliadas, sino que también expuso desentendimientos dentro del propio espacio oficialista durante la fase de confección técnica del documento. El descontento de los legisladores dialoguistas se fundamentó en que el texto desarticulaba los borradores en los que se venía trabajando para dar de baja la emergencia vigente mediante una solución previsible y acordada entre las partes.
Para desactivar el conflicto y asegurar la mayoría necesaria en las comisiones, las autoridades de la Cámara de Diputados se comprometieron a eliminar los artículos cuestionados y redactar una propuesta consensuada. Las negociaciones avanzan sobre una flexibilización de los aspectos más restrictivos: se mantendrá la posibilidad de compatibilizar la pensión con el empleo registrado y se establecerá un esquema de actualización periódica para las aranceles prestacionales, asegurando un nomenclador de alcance general.
Desde los espacios aliados señalaron que la predisposición al diálogo se encauzó, aunque permanecen a la espera del borrador definitivo. Entre los puntos que aún restan definir se encuentra la previsión de partidas específicas para cubrir los desfasajes acumulados por los prestadores de servicios a lo largo de los últimos períodos, un reclamo central de las provincias e instituciones del sector.
Con la revisión del articulado en marcha, el oficialismo busca consolidar un dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto para evitar iniciativas de la oposición y garantizar que el nuevo esquema quede integrado formalmente al proyecto de ley que se debatirá en el recinto.
