La Justicia de La Plata investiga una presunta organización dedicada al lavado de activos por unos $27.000 millones, con un esquema que habría utilizado datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas en billeteras virtuales y mover grandes sumas de dinero.
En el marco de la causa fue detenida Albertina Mangini, una funcionaria vinculada a tareas administrativas en el ámbito del Patronato de Liberados. La investigación sostiene que habría tenido un rol central en la captación de personas recientemente liberadas o con penas de ejecución condicional.
De acuerdo con el expediente, los involucrados ofrecían alrededor de $80.000 a cambio de documentación y datos biométricos. Las personas eran trasladadas a distintos comercios, donde se realizaban registros de rostro y retina que luego podían ser utilizados para habilitar cuentas digitales.
Con esas identidades, la organización habría abierto numerosas cuentas en plataformas de pagos y billeteras virtuales. Después, el dinero era distribuido mediante pequeñas transferencias para dificultar su seguimiento y evitar que los movimientos activaran alertas de los organismos de control.
La maniobra, conocida como “pitufeo” o smurfing, habría permitido fragmentar importantes sumas de dinero entre múltiples operaciones. Parte de esos fondos estaría vinculada con plataformas de apuestas clandestinas, donde el dinero ingresaba como saldo de juego y posteriormente era retirado bajo una apariencia legal.
La investigación también analiza posibles conexiones con otros expedientes relacionados con operaciones financieras y criptomonedas. Entre los nombres que aparecen en la causa figura Ignacio Leonel Marchioni, un operador que ya había sido investigado en el ámbito federal por movimientos de activos digitales y operaciones financieras de gran volumen.
Los investigadores buscan establecer si la estructura detectada funcionaba de manera independiente o si formaba parte de un entramado más amplio destinado a canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.
Además de Mangini y Marchioni, fueron imputados Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano. La fiscalía los acusa, según el expediente, de asociación ilícita, estafa y lavado de activos.
Mientras avanza la investigación, algunos de los acusados rechazaron las imputaciones y sostuvieron que su participación estuvo relacionada con operaciones legales de corretaje y arbitraje de criptomonedas.
La Justicia deberá ahora determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y reconstruir el recorrido de los fondos. También se analizan los pedidos de prisión preventiva presentados por la fiscalía.
El caso pone nuevamente bajo la lupa el uso de billeteras virtuales, identidades digitales, criptomonedas y plataformas de apuestas como herramientas para ocultar el origen de dinero dentro de circuitos financieros difíciles de rastrear.
