El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, formalizó un reclamo por $27.000 millones ante la administración bonaerense que encabeza Axel Kicillof. El planteo apunta a recuperar fondos destinados a la atención social de personas en situación de vulnerabilidad que, si bien reciben asistencia en territorio porteño, tienen domicilio en la provincia.
La exigencia se centra en el costo que implica sostener el sistema de paradores y centros de inclusión social de la Ciudad, donde actualmente se alojan más de 2.300 personas provenientes del conurbano bonaerense. Desde la administración porteña aseguran que esta situación genera una carga económica creciente que impacta directamente en las cuentas locales.
El reclamo se apoya en el Decreto 373/2025, una normativa reciente que establece la responsabilidad de cada provincia sobre las personas en situación de riesgo que residen en su jurisdicción. Bajo este marco, el gobierno porteño considera que la Provincia debería hacerse cargo de los costos de asistencia o bien garantizar soluciones dentro de su propio territorio.
Desde la Ciudad sostienen que el gasto destinado a estas políticas sociales podría redireccionarse a otras áreas si se cumpliera con lo que marca la legislación vigente. En ese sentido, remarcan que el financiamiento actual implica un esfuerzo significativo para los recursos porteños.
El planteo fue elevado de manera formal a través de las áreas técnicas de ambos gobiernos. Por el lado de la Ciudad participaron funcionarios de Desarrollo Humano y Hacienda, quienes detallaron el impacto presupuestario que representa la atención integral de esta población. El documento presentado incluye una estimación del costo total y un cálculo retroactivo desde la entrada en vigencia del decreto nacional.
Según los datos relevados por la propia administración porteña, el sistema de asistencia cuenta con decenas de centros que funcionan durante todo el día y brindan servicios de alojamiento, alimentación y acompañamiento profesional. En ese marco, el censo interno permitió identificar que una porción significativa de los beneficiarios proviene de municipios bonaerenses.
La cifra reclamada surge justamente de ese relevamiento. El cálculo contempla el costo mensual de cada persona asistida y su proyección en el tiempo, lo que deriva en el monto millonario que ahora la Ciudad busca recuperar.
Más allá de la cuestión económica, el reclamo también tiene un fuerte componente político. Desde el entorno de Jorge Macri interpretan que la situación refleja un desbalance en la gestión de la problemática social entre ambas jurisdicciones. En esa línea, plantean que la Ciudad está absorbiendo una demanda que debería ser atendida por la Provincia.
El tema vuelve a poner en agenda la compleja realidad de las personas en situación de calle en el área metropolitana, donde los límites administrativos conviven con una dinámica social mucho más amplia. La movilidad constante entre distritos y la cercanía geográfica hacen que la problemática trascienda fronteras formales.
A su vez, el conflicto se inscribe en un contexto de tensiones fiscales entre distintos niveles de gobierno. La discusión por los recursos, el reparto de responsabilidades y el impacto del gasto social forman parte de un escenario más amplio que atraviesa a varias provincias y municipios.
En este caso, la estrategia de la Ciudad apunta a respaldarse en la normativa vigente para exigir una compensación concreta o, en su defecto, generar un cambio en la dinámica actual. La posibilidad de avanzar por vías administrativas o judiciales no está descartada.
Mientras tanto, la situación sigue abierta y sin una resolución inmediata. La Provincia aún no oficializó una respuesta pública al reclamo, aunque se espera que en los próximos días haya definiciones sobre cómo continuará el tema.
El trasfondo de la disputa deja en evidencia las dificultades estructurales para abordar la problemática social en grandes centros urbanos. La falta de coordinación entre jurisdicciones, sumada a las limitaciones presupuestarias, complejiza aún más la búsqueda de soluciones sostenibles.
En ese marco, el debate no solo gira en torno a los números, sino también a la forma en que el Estado —en sus distintos niveles— responde ante situaciones de extrema vulnerabilidad. La discusión, lejos de cerrarse en lo inmediato, promete seguir sumando capítulos en la agenda política nacional.
