La CGT confirmó el paro general de 24 horas previsto para este jueves, cuando la Cámara de Diputados tiene previsto tratar la reforma laboral de Javier Milei, y, tras asegurar que “no se entregarán las conquistas laborales”, advirtió: “Este es el comienzo”.
Al mismo tiempo, la central obrera atribuyó el cierre de la empresa FATE al “fracaso del plan económico del Gobierno” y se solidarizó con los 920 trabajadores de esa compañía que se quedarán sin empleo.
En una conferencia de prensa, realizada en la sede de Azopardo 802, el triunvirato cegetista hizo un “llamado a la reflexión” a los diputados para que tengan “responsabilidad política” y no apoyen el proyecto oficial con el fin de “representar a los trabajadores, que también los votaron”.
Los sindicalistas enfatizaron que el paro general será “contundente” y que buscan que “no haya nadie en la calle” como muestra de rechazo a la reforma laboral y destacaron que la medida de fuerza es apoyada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que ya garantizó a la CGT su adhesión, como anticipó Infobae.
En la rueda de prensa, el cotitular cegetista Jorge Sola (seguro) señaló que la reforma laboral implica una “gran transferencia de recursos económicos” desde los trabajadores hacia los empleadores, y el debilitamiento de los derechos laborales en Argentina.
Subrayó que el país atraviesa una crisis sociolaboral profunda, evidenciada en la pérdida de “300 mil puestos de trabajo formales en los últimos dos años”, el cierre de Fate, que dejó a “casi 1000 trabajadores” desempleados, y la desaparición de “más de 21 mil pymes”.
A la vez, aseguró que se pierden “400 puestos de trabajo formales cada día” y que la industria opera con “menos del 50%” de su capacidad instalada, factores que vinculó con la “apertura indiscriminada de la importación”.
Según Sola, la reforma laboral afecta “tres ejes fundamentales: lesiona derechos individuales, debilita derechos colectivos de los gremios y promueve una transferencia monetaria significativa a los empleadores”. “Ese solo detalle significa la transferencia de 6000 millones de dólares anuales al sector de los empleadores, que van a ir al sector financiero”, advirtió.
Esta transferencia, de acuerdo con el líder cegetista, se relaciona con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el pago de indemnizaciones con salario diferido y una reducción en los aportes patronales.
Rechazó la “promesa futura” de creación de empleo genuino que asegura el Gobierno a cambio de la pérdida de derechos actuales que ocasionaría la reforma laboral, calificándola como “demasiado costosa” e “incumplida”, y resaltó la inconstitucionalidad del proyecto, al juzgar que “atenta contra el principio protectorio del derecho laboral y el principio de progresividad, que impide la reducción de derechos preexistentes”.
Por su parte, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), otro de los cotitulares cegetistas, afirmó que la reforma laboral con una orientación “regresiva”, que prioriza la quita de derechos tanto colectivos como individuales, y denunció que, lejos de impulsar la modernización, iniciativa busca “debilitar a las organizaciones sindicales e inclusive desfinanciarlas con el objetivo de flexibilizar las condiciones laborales".
El dirigente criticó la transferencia de recursos favorece que causará el proyecto oficial “a los sectores más concentrados de la economía”, mientras “se profundiza la degradación general de los trabajadores y la sociedad”. “Uno a veces no encuentra palabras para decir cómo se concentra cada vez más lo que tienen y cómo se degrada a los trabajadores”, afirmó Jerónimo.
