La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar a una movilización para el próximo lunes con el objetivo de acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral, en caso de que el Senado convierta en ley el proyecto que se debatirá en la sesión prevista para este viernes. La decisión fue tomada por la conducción de la central obrera tras una reunión en la que se analizó el alcance de la iniciativa y los pasos a seguir ante un eventual escenario adverso.
La estrategia sindical combina presión en la calle y acción en los tribunales. Según se definió, la movilización se dirigirá hacia Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, para respaldar formalmente la impugnación que impulsará la CGT. La central sostiene que algunos puntos del proyecto vulneran derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional y anticipó que su equipo jurídico ya trabaja en los argumentos que presentará ante la Justicia.
La reunión clave se realizó en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con la participación de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT y referentes de los principales gremios del país. El encuentro sirvió para ordenar la postura institucional frente a la reforma laboral y para coordinar la respuesta política y sindical en las horas previas al tratamiento en el Senado.
Puertas adentro, la conducción evaluó que la reforma impulsada por el oficialismo modifica aspectos centrales de las relaciones de trabajo, entre ellos condiciones de contratación, indemnizaciones y mecanismos de resolución de conflictos. Desde la central obrera consideran que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos adquiridos y alertan por su impacto en el empleo formal, los convenios colectivos y la estabilidad laboral.
Además de la movilización del lunes, la CGT dejó trascender que buscará instalar el debate sobre el “costo político” que deberán afrontar los senadores que acompañen la aprobación de la norma. El foco estará puesto, sobre todo, en los legisladores vinculados al peronismo y al movimiento obrero, a quienes les reclamarán coherencia con la defensa histórica de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, no se descarta que en los próximos días haya pronunciamientos públicos y contactos directos con representantes provinciales.
El clima sindical se mantiene en estado de alerta. Mientras la CGT define su jugada institucional, otros espacios gremiales ya anunciaron medidas propias. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nucleamiento que reúne a organizaciones con una postura más confrontativa, convocó a una movilización para el mismo viernes, coincidiendo con el debate en el Senado. La protesta está prevista para el mediodía y buscará presionar a los legisladores antes de la votación.
En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que integra el FreSU junto a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato de Aceiteros, los Aeronáuticos y las dos vertientes de la CTA, confirmó un paro nacional para esa jornada. La medida de fuerza afectará a distintos organismos públicos y sumará tensión al tratamiento parlamentario.
El escenario abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y el sindicalismo. En un contexto económico complejo, con caída del consumo, ajuste fiscal y preocupación por el empleo, la reforma laboral se convirtió en uno de los ejes más sensibles de la agenda política. Desde el oficialismo sostienen que los cambios apuntan a modernizar el sistema y fomentar la creación de puestos de trabajo. En cambio, las centrales obreras advierten que se trata de una flexibilización que debilita la protección de los trabajadores.
En las provincias, el debate también genera inquietud. Dirigentes sindicales del interior siguen de cerca la discusión en el Senado y evalúan el impacto que la eventual reforma podría tener en las economías regionales, donde el empleo formal ya muestra signos de fragilidad. Sectores como el comercio, la industria manufacturera y la construcción aparecen entre los más atentos a la definición legislativa.
La CGT apuesta a que la movilización del lunes muestre unidad y capacidad de convocatoria. Aunque en los últimos años la central atravesó tensiones internas y diferencias estratégicas, frente a la reforma laboral logró unificar criterios en torno a la necesidad de dar una señal contundente. La consigna es clara: si el Senado aprueba la ley, la discusión continuará en los tribunales y en la calle.
En términos políticos, la movida sindical también busca reordenar el mapa opositor. La reforma laboral se transformó en un punto de convergencia para distintos espacios que cuestionan el rumbo económico. La calle, en ese sentido, vuelve a ser un escenario central de disputa y visibilización.
De cara al viernes, todas las miradas estarán puestas en el Senado y en el comportamiento de los bloques. El resultado de la votación no solo definirá el futuro de la reforma laboral, sino que marcará el tono de la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero en los próximos meses. Si la ley avanza, la CGT activará su ofensiva judicial y buscará frenar su aplicación. Si se frena, el sindicalismo lo leerá como un triunfo político.
Lo cierto es que la reforma laboral volvió a colocar en primer plano el debate sobre derechos, empleo y modelo productivo en la Argentina. Y el movimiento obrero, con la CGT a la cabeza, ya dejó en claro que está dispuesto a dar la pelea en todos los frentes que considere necesarios.
