La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido del Gobierno nacional para intervenir de manera directa en la disputa judicial por la reforma laboral. El máximo tribunal desestimó el recurso de “per saltum” presentado por la Procuración del Tesoro y dejó firme el recorrido normal del expediente en las instancias inferiores.
La decisión representa un revés para la estrategia judicial del Ejecutivo, que buscaba acelerar una definición sobre la validez de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, la Corte entendió que el planteo no cumplía con los requisitos necesarios para ser tratado de manera excepcional.
Según indicaron los jueces, el caso no reúne las condiciones de “gravedad institucional” que exige el Código Procesal Civil y Comercial para habilitar un salto directo hacia el máximo tribunal. Además, remarcaron que la causa todavía debe continuar su trámite en las instancias ordinarias antes de llegar a una resolución definitiva.
El recurso había sido presentado el 16 de abril, luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 declarara la inconstitucionalidad de gran parte de la reforma laboral tras una presentación impulsada por la CGT. En ese fallo se suspendían 83 artículos de la norma aprobada por el Congreso.
Sin embargo, el escenario judicial cambió en los últimos días cuando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó esa cautelar y restituyó la vigencia completa de la ley. A partir de esa resolución, la Corte consideró que ya no existía una situación urgente que justificara su intervención inmediata.
En los hechos, la reforma laboral continúa vigente mientras avanza el debate de fondo sobre su constitucionalidad. La discusión judicial todavía no tiene una definición final y promete extenderse durante varios meses más.
La CGT sostiene que distintos puntos de la normativa vulneran derechos laborales protegidos por la Constitución Nacional. Entre los aspectos cuestionados aparecen cambios vinculados a la libertad sindical, las condiciones de contratación y los mecanismos de protección frente a despidos arbitrarios.
Desde el Gobierno, en tanto, defienden la reforma como una herramienta destinada a modernizar el mercado laboral, promover inversiones y reducir la informalidad. La Casa Rosada apostaba a una resolución rápida de la Corte para despejar la incertidumbre jurídica alrededor de la ley.
Con este fallo, el máximo tribunal marcó distancia de la estrategia oficial y dejó claro que no intervendrá de manera anticipada mientras el expediente siga en trámite en las instancias inferiores. La decisión también refleja la cautela de la Corte frente a un tema de fuerte impacto político, económico y sindical.
La disputa por la reforma laboral se mantiene como uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero. Mientras continúan las presentaciones judiciales, el debate sobre el alcance de los cambios laborales seguirá abierto tanto en los tribunales como en el escenario político nacional.
