La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento de las universidades públicas mientras continúa la discusión judicial sobre la validez de las restricciones presupuestarias impulsadas por el Gobierno. La decisión llegó luego de que el máximo tribunal rechazara una presentación del Poder Ejecutivo al considerar que no existía una sentencia definitiva que justificara su intervención en esta etapa del proceso.
De esta manera, quedó ratificada la resolución que ordena la aplicación inmediata de aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma sancionada para sostener el funcionamiento del sistema de educación superior frente al deterioro de los recursos destinados al sector.
La disputa se originó a partir de una acción colectiva promovida por las universidades nacionales, que cuestionaron las medidas adoptadas para limitar la ejecución de la ley. El planteo busca que se declare la inconstitucionalidad de una disposición que condicionó la aplicación de los fondos previstos por el Congreso a la disponibilidad de partidas presupuestarias específicas.
Con la decisión de la Corte, el Estado deberá continuar cumpliendo con los puntos alcanzados por la cautelar hasta que exista una definición sobre el fondo de la cuestión. Entre ellos figura la recomposición salarial para docentes y no docentes universitarios, tomando como referencia el atraso acumulado desde diciembre de 2023 hasta la entrada en vigencia de la ley.
La medida también contempla la actualización de los recursos destinados a becas estudiantiles, programas de investigación y herramientas orientadas a sostener la permanencia de los alumnos dentro del sistema universitario. Estos fondos son considerados esenciales para garantizar el acceso y la continuidad educativa en las distintas casas de estudio del país.
No obstante, la resolución mantiene fuera del alcance inmediato de la cautelar otros reclamos vinculados al financiamiento general de las universidades durante los años 2024 y 2025. Esos puntos serán analizados más adelante, cuando avance el tratamiento de la demanda principal.
Antes de este pronunciamiento, el Gobierno había intentado apartar a los integrantes de la Corte argumentando que algunos de ellos desarrollan actividades docentes en universidades. Sin embargo, el planteo fue rechazado y el trámite judicial continuó sin modificaciones.
El escenario judicial se desarrolla en paralelo a las negociaciones entre las autoridades nacionales, las universidades y los gremios del sector. Durante junio se alcanzó un acuerdo para garantizar el funcionamiento de las instituciones y establecer una actualización de partidas destinadas a salarios, gastos operativos, hospitales universitarios y becas.
Entre los compromisos asumidos se incluyó una mejora en la masa salarial universitaria, una actualización de los fondos para el mantenimiento de edificios y servicios esenciales, un refuerzo para hospitales universitarios y un incremento en la asistencia económica destinada a estudiantes.
En los fundamentos de la resolución ratificada ahora por la Corte, se sostuvo que las restricciones fiscales invocadas por el Estado no resultaban suficientes para dejar sin efecto una ley aprobada por el Congreso. Además, se advirtió que el impacto presupuestario señalado por el Gobierno debía ponderarse frente a la necesidad de garantizar derechos vinculados al acceso a la educación superior.
La decisión representa un respaldo para las universidades nacionales en medio del debate por el financiamiento educativo y mantiene vigente la obligación estatal de sostener recursos considerados fundamentales para el funcionamiento académico, la investigación y la asistencia estudiantil. Mientras tanto, la discusión judicial continuará hasta que exista una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de las medidas cuestionadas.
